Los sindicatos ponen en marcha un operativo legal para reclamar el abono de los atrasos

Los dirigentes de las federaciones de enseñanza, administración pública, sanidad, y comunicación y transporte de CC OO decidieron ayer el operativo que el sindicato va a poner en marcha para intentar que el Gobierno abone a los empleados públicos los atrasos que les adeuda tras la sentencia que anula la congelación salarial de 1997. El sindicato movilizará desde hoy mismo a 2.500 afiliados en una campaña informativa. En los grandes centros de trabajo de la Administración, la campaña será dirigida por las secciones sindicales, en los centros pequeños por los delegados y unos equipos volantes recorrerán los pueblos.

La primera actuación, como sindicato autor del recurso, consistirá en proponer a los trabajadores afectados que deleguen en la central para pedir ante la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia que anula la congelación salarial de 1997. Posteriormente, gestionará ante el organismo judicial las reclamaciones individuales que le confíen los empleados públicos.

El sindicato UGT está analizando el alcance de la sentencia. Julio Lacuerda, dirigente de la federación de servicios públicos de esta central, que ayer abordó el asunto en su consejo federal, asegura que la principal dificultad es definir el ámbito de aplicación, es decir a qué administraciones públicas afecta automáticamente el fallo. Sus gabinetes técnicos estudian con detenimiento ese aspecto porque no quieren 'crear falsas expectativas a los trabajadores'.

Paralelamente, ha elaborado un formulario tipo que, desde ayer, está a disposición de los empleados públicos en las sedes del sindicato. Esos escritos serán recopilados, pero no tramitados, a la espera de que los técnicos concluyan su trabajo.

También el sindicato de funcionarios CSIF ha elaborado un formulario de reclamación de los atrasos para facilitarlo a los empleados públicos. Esta confederación ha remitido al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, un escrito en el que solicita que convoque la Mesa de la Función Pública. En él exige al Gobierno la ejecución de la sentencia.

Financiación

Los dirigentes de Comisiones también han enviado una carta a Posada en la que piden al ministro que se reúna con ellos, que pusieron la demanda, antes de convocar a la de la Mesa de la Función Pública, compuesta por la Administración central y el conjunto de las organizaciones sindicales más representativas. La central propone además al ministro la convocatoria del Consejo General de la Función Pública, en el que participan las comunidades autónomas. Su objetivo es que se estudie el impacto que tiene para ellas la sentencia y el modo de financiarlo.

Aunque las federaciones de servicios públicos están actuando por separado, los líderes de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, José María Fidalgo, instaban ayer juntos al Gobierno a acatar el fallo judicial, informa Efe. Antes de intervenir en Badajoz en el VII Congreso del Sindicato Unificado de Policías, ambos dirigentes destacaron que la sentencia supone la defensa de la legalidad y de los derechos sindicales de 2,2 millones de empleados públicos. Méndez hizo una llamada a la 'serenidad e inteligencia política del Gobierno del PP'. Y advirtió: 'Puede volverse a equivocar y no se lo aconsejo'. El líder de UGT pidió la convocatoria de la Mesa de la Función Pública. Por su parte, Fidalgo reiteró que se trata de una sentencia firme y que deja 'muy claro' que el Gobierno tiene que pagar a los funcionarios lo que les debe y sentarse a negociar.