Vivienda refuerza la protección del medio ambiente en los planeamientos urbanísticos municipales

El clima preelectoral que se ha instalado en la política vasca complica el futuro de este anteproyecto, que, sin embargo, es una de las grandes aspiraciones de los sectores implicados, desde ayuntamientos hasta constructores y promotores. La previsión de Ormazabal es que el Consejo de Gobierno dé el visto bueno al documento a principios de febrero y, a continuación, comience su trámite parlamentario, donde la oposición dispone de la mayoría ante la ausencia de Euskal Herritarrok. Curiosamente, ha sido la propia oposición la que ha apremiado al Gobierno para que envíe a la Cámara cuanto antes el proyecto.

La creación de herramientas eficaces de gestión urbanística, como el agente urbanizador (ver EL PAÍS del 26 de diciembre) es una de las medidas más innovadoras. Su misión consistirá en sacar solares al mercado sin ser el propietario del terreno, con lo que se agilizará el paso de suelo urbanizable a urbanizado para poder construir y se separará la gestión del suelo de la propiedad. De esta forma se evita que algunos propietarios renuentes a vender el suelo lo retengan durante un tiempo para especular con él.

Crecimiento equilibrado

El departamento también ha salpicado el texto con continuas referencias a la sostenibilidad medioambiental. Por un lado, en la clasificación de suelo establece cinco modalidades de suelo urbanizable: las de especial protección, de producción, de núcleo rural, de carácter estratégico y de protección ambiental del territorio. Las dos últimas son nuevas (no figuran en la legislación básica) y suponen un intento del Gobierno vasco por remarcar que un crecimiento racional y equilibrado del territorio pasa por preservar las riquezas que ofrece la naturaleza.

Por otra parte, el anteproyecto también prevé la aplicación de criterios de sostenibilidad en el planeamiento municipal con tres objetivos. Primero, con el fin de que el consumo de recursos hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los ecosistemas para reponerlos. A continuación, para que la ocupación del suelo se haga de manera racional, contemplando su rehabilitación y reutilización como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando así la dispersión urbana. Y por último, para promover la movilidad urbana sostenible, es decir, orientada a reducir el uso forzado e innecesario de los vehículos motorizados dando prioridad a los medios de transporte colectivos y respetuosos con el medio ambiente. 'Los ayuntamientos, los ciudadanos y los promotores tienen que comprender que la sostenibilidad supone un valor añadido en el planeamiento urbanístico y no una carga', razonó el consejero Ormazabal.

Consejo asesor

La apertura de cauces de participación ciudadana en la elaboración de los planes generales de ordenación urbana (el principal documento de planificación de un ayuntamiento) representa otra de las incorporaciones novedosas. A partir de la aprobación de la ley, será necesario que los ayuntamientos cuenten más con la opinión de los ciudadanos. Hasta ahora, la intervención ciudadana se limitaba a las personas o colectivos que se sentían perjudicadas por una determinada decisión municipal. 'A la hora de formular un plan general', precisó el consejero, 'los ayuntamientos deberán crear un consejo asesor del planeamiento municipal, donde estén representados los vecinos'. Los informes de este consejo serán preceptivos, pero no vinculantes. Ormazabal, sin embargo, advirtió que 'todas las administraciones deben tener en cuenta la opinión de sus ciudadanos. No debe actuar en contra de la voluntad de éstos'.

La agilización en la tramitación de los planeamientos de ordenación es uno de los aspectos del documento más celebrados por instituciones y promotores, que pueden ver reducida a la mitad de tiempo los trámites para aprobar ciertas modificaciones de un plan general.