Sevilla fuerza el debate de la capitalidad para que el Gobierno la incluya en la Ley de Grandes Ciudades

Hace más de una década que Madrid y Barcelona piden sin mucho éxito al Estado que reconozca sus peculiaridades como grandes urbes mediante la elaboración de sendas leyes o estatutos de capitalidad. Las dos ciudades reclaman más competencias, un mejor trato institucional y, sobre todo, más dinero.

El actual Gobierno del PP negocia con los representantes de ambas ciudades la inclusión de sus reivindicaciones en una Ley de Grandes Ciudades, que regularía la cesión de competencias y los costes que representaría el ejercicio de las mismas. El martes, representantes del Ministerio de Administración Pública, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona se reunieron en la capital catalana para tratar el tema.

Frente a las aspiraciones de Barcelona de que el Congreso apruebe su peculiar Carta Municipal de 1997, el Gobierno se decanta por el café para todos, una ley que abarque a todas las ciudades consideradas grandes, aunque aún no se han establecido ni contenidos del texto, ni plazos para su aprobación, ni criterios de inclusión de municipios en la norma.

Tras conocer estas negociaciones, el Ayuntamiento de Sevilla se planteó la necesidad de que la ciudad sea incluida en esas futuras medidas. La estrategia diseñada por la alcaldía fue dar un paso adelante con ocasión de la conferencia que Monteseirín pronunció el pasado jueves en Madrid, en la que reivindicó la doble condición de Sevilla de gran ciudad española y de capital de la comunidad autónoma más poblada.

El planteamiento del gobierno municipal es que, con la exigencia al Estado de que tome en cuenta las circunstancias de Sevilla como ciudad y capital, se conseguirá que sea incluida en ese pelotón de privilegio que ahora forman Madrid y Barcelona.

De la negociación con el Gobierno de esa ley, Sevilla espera obtener: el afianzamiento de su papel institucional tanto en España como en Europa -recientemente reforzado con la concesión de la cumbre europea que, en junio de 2002, cerrará el semestre de presidencia española-; un considerable aumento de las competencias municipales en materias como la vivienda, el urbanismo, la promoción económica, la salud, el consumo y la educación; y la financiación necesaria para soportar ese incremento de atribuciones municipales, que el Consistorio cifra en, al menos, 10.000 millones al año.

Una vez levantada la liebre de la polémica, el Ayuntamiento de Sevilla pedirá a los diputados a Cortes por la provincia, no sólo del PSOE, que defiendan los intereses de la ciudad cuando el proyecto de Ley de Grandes Ciudades alcance por fin el Congreso y que propongan medidas parlamentarias para avanzar en la defensa de esos intereses.

Polémica con Málaga

La otra cara de la moneda la ha supuesto la polémica que ha abierto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), quien, tras la propuesta de capitalidad de Monteseirín, reaccionó ofreciendo a su ciudad como capital de Andalucía si esa condición suponía mucho peso para Sevilla. El pasado martes, De la Torre consideró 'políticamente imprudente' y 'sin fundamento' la pretensión de Monteseirín. En los últimos meses además, el alcalde de Málaga ha acompañado sus reivindicaciones de inversiones e infraestructuras para la ciudad con críticas a un supuesto trato discriminatorio por parte de la Junta de Andalucía a ambas capitales.

Ayer, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Francisco Oliva, arremetió contra el alcalde por reeditar el discurso de los agravios entre ciudades y dijo que sus recientes declaraciones 'no favorecen en nada la convivencia ni la vertebración de Andalucía', informa Diego Narváez.

El consejero de Gobernación de la Junta, Alfonso Perales indicó ayer que ambas ciudades 'tienen problemáticas de una gran ciudad', tras lo que aseguró que la Junta no va a ser la animadora de ese debate, ya que 'Málaga tiene gran importancia desde el punto de vista económico y social, pero Sevilla es la capital, y eso no se puede negar'.