El Ejecutivo desató una batalla con las comunidades y los ayuntamientos

La decisión del Gobierno de congelar los salarios de los empleados públicos en 1997 desató una auténtica batalla entre el Ejecutivo y la oposición, los sindicatos, así como con las comunidades y los ayuntamientos que se resistían a aplicar la medida a sus funcionarios. El Partido Socialista criticó la decisión, que vulneraba un acuerdo firmado por este partido cuando gobernaba. Comunidades como Asturias, Navarra, País Vasco, además de varios municipios, decidieron adoptar sus propias subidas, aunque el Gobierno intervino recurriéndolas y el Tribunal Constitucional las suspendió.

Pocas comunidades, ya estuvieran gobernadas por el PSOE o por el PP, aceptaron de buen grado una medida que les acarreaba el descontento de sus funcionarios. Pese a que fue la Administración central la que adoptó el acuerdo, la Ley de Presupuestos tiene efectos en todo el Estado español y por tanto no permite decidir subidas salariales diferentes dependiendo de qué administración sea la responsable. Por esta razón, el Ejecutivo recurrió casi todas las subidas adoptadas contra su propia decisión.

País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia desobedecieron la orden de la Administración central. También algunos municipios como los madrileños de Alcalá, Getafe y San Fernando de Henares. En general, los resultados fueron poco satisfactorios. El Tribunal Constitucional no aceptó las diferencias entre comunidades y suspendió cautelarmente las subidas, todo ello a pesar de que la decisión del Ejecutivo vulneraba un acuerdo adoptado en 1994 por el anterior Gobierno del PSOE, que pactó subidas salariales equivalentes a la inflación prevista hasta finales de 1997.

Anulación judicial

En el País Vasco, la congelación salarial de 1997 afectó a los 85.000 funcionarios vascos dependientes de las administraciones central, autonómica, foral y local, informa Pedro Gómez Damborenea. Nadie se escapó, pese a que hubo intentos. El caso más significativo fue el de la Diputación Foral de Vizcaya, que acordó una subida que fue anulada por los tribunales.

CC OO, sindicato que recurrió la congelación salarial de ese año, quiere ahora sentarse a negociar con las distintas administraciones para que la sentencia se haga efectiva sin necesidad de que cada funcionario que quiera recuperar sus retrasos deba reclamar.

CC OO de Euskadi, el segundo sindicato en esta comunidad autónoma, quiere aprovechar la sentencia de la Audiencia Nacional, promovida por su Federación de Enseñanza, para aumentar su fuerza en las administraciones vascas, que en conjunto están dominadas por el sindicato nacionalista ELA, especialmente en áreas como Sanidad.

Los 120.000 funcionarios y personal laboral de la Generalitat de Cataluña también sufrieron la congelación de sus salarios en 1997, informa Sebastián Tobarra. Los sindicatos plantearon una larga batalla de reivindicaciones en la calle, pero al final la Administracion catalana siguió la senda que marcaba el Gobierno central. El argumento fue que la Ley de Presupuestos del Estado le obligaba a secundar la medida del Ejecutivo.

El caso navarro fue diferente. El Gobierno decidió no recurrir la subida salarial de los funcionarios de esa comunidad (2,6%) después de alcanzar un acuerdo con la Junta de Cooperación Navarra-Administración central.

Ni siquiera las empresas públicas de sectores en crisis se resistieron a tomarse las subidas salariales por su cuenta. Estas compañías, agrupadas entonces en la Agencia Industrial del Estado (AIE) pactaron unos aumentos salariales entre el 1,98% para las empresas con pérdidas y el 3,45% para las que registraban beneficios.

La polémica por la congelación salarial provocó incluso cambios en el estatuto de la función pública. El Ministerio de Administraciones Públicas, entonces regido por Mariano Rajoy, suavizó el texto tras las presiones que recibió de Economía, que se negaba a aceptar obstáculos para decretar congelaciones salariales futuras.