El reducto uruguayo

Cuando Jorge Batlle asumió la presidencia uruguaya en marzo declaró que su país no podía 'ir peor'. Acertó. Uruguay fue la única economía latinoamericana que decreció en 2000. El paro alcanzó una tasa del 14% en un país de 3,2 millones de habitantes. Influyeron la devaluación brasileña de 1999, los bajos precios de sus exportaciones -principalmente, agrícolas y ganaderas-, la aparición de bovinos con fiebre aftosa -ya controlada-, las elevadas cotizaciones del crudo y del dólar y la recesión argentina.

Batlle dio prioridad, en su primer año de gestión, al combate contra el contrabando. El septuagenario líder del Partido Colorado pretende que la economía mejore en 2001 de forma 'lenta y firme', mediante una moderada reforma del Estado en un país virgen de privatizaciones y desregulaciones.

Petróleo, telefonía, agua potable, electricidad y seguridad social, se abrirán a inversores extranjeros -

Uruguay esquivó la ola de privatizaciones de los años noventa en América Latina. Más allá de la compra de la línea aérea Pluna por la brasileña Varig, el pueblo uruguayo rechazó en un referéndum la privatización de la telefónica Antel en 1990. Aquel 'no' de algunos colorados y la izquierda al proyecto del entonces presidente Lacalle, actual presidente del Partido Nacional, significó un freno a cualquier intento de liberalización.

Batlle, que 10 años después encabeza un Gobierno de coalición entre los antes adversarios colorados y nacionalistas para contrarrestar a la izquierda, descartó las privatizaciones ante la fuerte tradición estatista de la sociedad uruguaya, pero planteó la necesidad de crear empresas mixtas para afrontar una futura apertura a la competencia. En la última reunión del Consejo de Ministros del pasado año, Batlle pidió a sus funcionarios que estudien áreas que puedan asociarse con capitales privados. 'Al país hay que ponerlo en el primer mundo', declaró a una radio local. 'Hacer un Estado pequeño que regule, pero que no haga lo que pueden hacer mejor los particulares', agregó el dirigente colorado, que, a contracorriente de su partido, bregó por la liberalización desde los años sesenta.

La primera ley de urgencia del Gobierno de Batlle incluye la concesión para que se construya una terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, retrasada desde hace cuatro años, y el permiso para que los privados puedan utilizar la red de ferrocarril estatal, prácticamente en desuso. La Ley de Presupuesto 2001-2004, aún sin aprobación, contempla la desregulación telefónica -hoy, sólo la norteamericana Bell South compite en móviles- y la apertura del capital de Antel. Este organismo estatal, monopólico desde 1931, seguirá encargado de la telefonía fija, pero tejerá alianzas, en las que permanecerá como socio mayoritario, para los servicios móviles (Ancel) y corporativos de transmisión de datos (Anteldata). En el futuro podrían formarse otras sociedades mixtas para teléfonos públicos y llamadas de larga distancia.

El Gobierno ha anunciado que la reforma del Estado se iniciará con la búsqueda de un socio para la refinería que Ancap remodela cerca de Montevideo. La imposibilidad de esta empresa estatal de afrontar obras por 120 millones de dólares condujo a que inicie conversaciones con Repsol YPF y otros grupos. Otros organismos públicos en estudio son los de electricidad (UTE), agua potable (OSE), gas, seguros, banca y seguridad social.

La central sindical PIT-CNT encabeza la campaña de rechazo al plan de reformas en uno de los países con mejores estándares de vida de la empobrecida región. Ha reunido 48.000 firmas para que el 18 de febrero se celebre una consulta popular contra la primera ley de urgencia. Este complejo mecanismo consiste en una votación libre y secreta en la que el 'no' requiere el apoyo del 25% de los habilitados, unos 600.000 votos, para que se convoque un referéndum. En esta última instancia, el voto reviste carácter obligatorio.

El anuncio de Batlle de que 2001 sería el 'año de las reformas' sumó al primer plano de la resistencia al líder del opositor Encuentro Progresista (EP), Tabaré Vázquez. 'Lluvia de plebiscitos', prometió Vázquez en diciembre. Ambos políticos, sin embargo, fumaron la pipa de la paz el 2 de enero. Batlle le aseguró que nada se privatizará y Vázquez admitió la posibilidad de apoyar algunos proyectos oficiales. El Frente Amplio, la coalición de izquierda que encabeza el EP, apoya el diálogo con el Gobierno, pero ratifica su compromiso de votar contra las reformas en la consulta de febrero.

El economista jefe para países emergentes del banco ABN Amro, el uruguayo Arturo Porzecanski, califica de 'tímidos' los cambios planteados. 'Diez años después del referéndum, las empresas públicas han perdido valor. Los inversores extranjeros saben que será difícil cambiarlas si sólo pueden comprar una porción minoritaria', advierte.