Un reparto desigual entre centros públicos y privados

El pasado curso, la Consejería de Educación apostó fuerte por la distribución de los alumnos de compensatoria entre la escuela pública y la concertada. Pero la jugada no le acabó de salir bien. Las instrucciones de escolarización para el curso 2000-2001 contemplaban, para todos los centros concertados, una reserva obligatoria de plazas proporcional a la presencia de este alumnado en la zona, pero los desequilibrios siguen presentes.

La enseñanza pública acoge al 76,7% de los inmigrantes, a gitanos y a chavales de muy bajo nivel socioeconómico, mientras que la concertada sólo al 23,3% -un 1% más que el curso pasado-, a pesar de representar el 40% en la región. Aunque proporcionalmente apenas han variado los porcentajes, lo cierto es que, en datos globales, los centros concertados tienen 2.775 inmigrantes más en sus aulas que el curso pasado (casi 8.000, frente a 5.194). De ellos, 2.373 necesitan compensación. En la capital han pasado de tener el 32% de estos alumnos a tener el 34%.

'Ha habido un avance en la actitud de los centros concertados para escolarizar a estos niños. Pero por parte de algunos sigue habiendo reticencias, porque una normativa de un año de vida pesa poco en la rutina', asegura la directora de Compensación Educativa, María Antonia Casanova, quien se muestra optimista con la evolución.

'La evolución es buena. Hemos crecido y vamos por el buen camino. En nuestros centros no hemos detectado reticencias a escolarizar a estos alumnos', asegura Emilio Díaz, secretario técnico de la Federación de los Religiosos de la Enseñanza, colectivo mayoritario en la concertada. 'Tenemos que crecer más, es cierto, pero para eso necesitamos más recursos'. Una queja: la lentitud de la Administración para evaluar a estos chavales.

Para el portavoz socialista en la Comisión de Educación en la Asamblea, Adolfo Navarro, la normativa es 'claramente insuficiente'. El PSOE ha pedido la comparecencia del consejero Gustavo Villapalos para que dé una explicación a un 'problema grave sin resolver'. 'Además de ser más exigente con el cumplimiento de la normativa, hay que poner en marcha otros incentivos para que la concertada realice estas buenas prácticas'.

Para Franco González, portavoz de IU en la Comisión de Educación, los datos 'auténticos son todavía peores', porque, en su opinión, 'la concertada siempre encuentra una excusa para no cumplir la normativa'.

Francisco García, secretario de la Federación Madrileña de Enseñanza de CC OO, fue igual de crítico. 'Los centros concertadas siguen sin corresponsabilizarse de la atención a las necesidades sociales, como demuestra el hecho de que sólo hayan aumentado un 1% frente al año pasado', dice, y recuerda que Educación reconoció que un 25% de estos centos se había saltado a la torera la normativa.