Bruselas corta por anomalías los fondos de la peste porcina, la mayoría destinados a Lleida

Un portavoz de la Comisión precisó ayer que Bruselas ha enviado a España 16 millones de euros (2.656 millones de pesetas), de los 30 millones de euros (4.990 millones de pesetas) en que el Gobierno español estimaba los daños causados por el brote de peste porcina en 1997. Estas subvenciones para compensar a los ganaderos afectados cubrían la destrucción de los animales que habían contraído la enfermedad y las repercusiones comerciales en el mercado de carne porcina. Idéntica cantidad fue reclamada por el Gobierno español para el ejercicio de 1998.

El reglamento dispuesto para este tipo de ayudas establece que Bruselas sufraga el 50% del total del daño estimado, mientras que el otro 50% corresponde a las administraciones españolas implicadas. En el caso de Cataluña, donde las competencias agrícolas dependen de la Generalitat, el Departamento de Agricultura debía aportar el 25% y el 25% restante correspondía al Ministerio de Agricultura. En todo caso, el desembolso inicial de las subvenciones corrió a cargo de las administraciones españolas, a la espera de cobrar, meses después, dinero de las arcas comunitarias.

Paralelamente, Bruselas abrió una inspección para comprobar la veracidad de los datos aportados por España y evaluar la gestión de los fondos comunitarios. A raíz de esta inspección, la Comisión Europea ha decidido recientemente interrumpir los envíos de dinero a España por entender que existen claras 'irregularidades' en la ejecución del programa. La decisión de la Comisión se produce cuando ya ha enviado a España 7 millones de euros (1.164 millones de pesetas) de los 15 millones correspondientes a 1997, y 9 millones de los otros 15 millones aprobados para 1998.

Aparte de este contratiempo en la tramitación de los fondos comunitarios, el ex consejero Marimon afronta una denuncia de Unió de Pagesos por presunta prevaricación en la gestión de la crisis porcina. La denuncia ha sido tramitada por la fiscalía y está pendiente de una resolución del fiscal general del Estado. Marimon goza de aforamiento por su condición de senador.La Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha propuesto a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la demanda del sindicato Unió de Pagesos (UP) contra la gestión de la peste porcina realizada en 1997 y 1998 por el entonces consejero de Agricultura de la Generalitat, Francesc Xavier Marimon.

La denuncia, que ahora está en la mesa del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, sostiene que Marimon, actualmente senador por CiU, habría autorizado el pago a algunas empresas de indemnizaciones superiores a las que les corresponderían por el sacrificio de cerdos afectados por la peste. Según la misma denuncia, el consejero habría demorado también unos dos meses la declaración oficial de peste, con lo que habría favorecido a unas empresas frente a otras.

Unió de Pagesos considera que estas acusaciones de prevaricación dirigidas a Marimon se sustentan en un informe del Tribunal de Cuentas de la UE en el que se analiza de qué forma algunas grandes empresas del sector salieron beneficiadas por la peste porcina.

El sindicato considera que aunque el Tribunal de Cuentas europeo no cita a estas empresas, nominalmente se refiere a ellas de forma implícita, dado que la mayor parte de las granjas de engorde están controladas, directa o indirectamente, por el grupo Vall Companys y alguna de las grandes cooperativas de Lleida. En conjunto, la provincia de Lleida gestiona una cabaña de casi cinco millones de cerdos -la mayor plaza de Europa después de Holanda-, de los que más de la mitad pertenecen a la órbita del grupo Vall Companys.

Discrepancia en Bruselas

Respecto a la decisión de Bruselas de no pagar una parte de las subvenciones asignadas, la representación española ante la UE mantiene discrepancias sobre la asignación de gastos en capítulos concretos, fundamentalmente el fondo veterinario (para la destrucción de animales enfermos) y el llamado fondo europeo de orientación agraria, destinado a mitigar las consecuencias en el mercado.

Ambas partes están pendientes de convocar el denominado 'órgano de conciliación' para determinar la cantidad final que corresponderá a España, según indicaron fuentes comunitarias. 'El asunto no está cerrado', advirtieron ayer medios de la representación española ante la Comunidad Europea. Frente a esta versión, las autoridades de Bruselas se expresaron de forma más concluyente: 'Se han detectado irregularidades y no se dará más dinero por el momento', dijo el portavoz de la Comisión.

Un portavoz del Departamento de Agricultura de la Generalitat declaró desconocer la decisión de Bruselas alegando que la negociación de este asunto corresponde al Gobierno central, y éste no les ha comunicado todavía qué cantidad recibirá finalmente el Gobierno catalán por la peste porcina.