Sombras sobre la gestión de la peste porcina

El ex consejero de Agricultura de la Generalitat Francesc Xavier Marimon, investigado judicialmente por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos durante la peste porcina clásica declarada en seis comarcas de Lleida en 1997, está convencido de que se demostrará que actuó correctamente.

Marimon aseguró ayer que si finalmente le fueran imputados tales delitos, estaría dispuesto a perder su condición de aforado como senador para facilitar la labor de los jueces. 'Estoy absolutamente tranquilo por mi actuación y sé que todas las decisiones que se adoptaron fueron correctas', declaró a Segre Ràdio.

En febrero de 1998, un año después de haberse localizado los primeros focos de la epidemia, el sindicato Unió de Pagesos (UP) presentó una denuncia contra el titular del Departamento de Agricultura por presuntas irregularidades. Marimon ha admitido que su mujer tiene una granja de 50 cerdos, aunque no sufrieron la peste y por tanto no tuvo subvenciones.

La organización agraria acusó a Marimon de haber retrasado deliberadamente la declaración oficial de la peste y de haber autorizado el pago a determinadas empresas del sector de indemnizaciones superiores a las que les correspondían por los cerdos sacrificados. Un mes después, la fiscalía empezó a investigar las irregularidades.

UP basó sus acusaciones en el acta de una reunión de expertos veterinarios y representantes de las administraciones sobre la peste porcina. En ese documento se indicaba la existencia de dos focos, localizados el 7 de febrero de 1997 en Bell-lloc (Pla d'Urgell) y el 22 del mismo mes en Montgai (Noguera).

Pese a ello, la Generalitat no declaró oficialmente la peste hasta el 18 de abril, cuando el virus llevaba dos meses haciendo estragos en las granjas leridanas y Marimon presumía de tener la mejor sanidad animal.

Los ganaderos argumentaron que el tiempo transcurrido desde que se tuvo la primera sospecha fue crucial para que la enfermedad se extendiera por seis comarcas leridanas. Además la demora pudo provocar una alteración artificial de los precios del porcino, que benefició a las principales empresas productoras.

Sacrificio masivo

UP cuestionó desde el primer momento las medidas adoptadas por la Generalitat para atajar la epidemia, consistentes en el sacrificio masivo de animales y en el establecimiento de cordones sanitarios en las granjas afectadas. En opinión de los ganaderos, llegaron tarde.

A Marimon le llovieron las críticas por su forma de gestionar la crisis desde que existió la primera sospecha de que el virus había entrado en Cataluña procedente de Holanda, donde hacía meses que se habían declarado varios focos.

A pesar de ello, las autoridades españolas no prohibieron la importación de lechones de ese país hasta finales de febrero, cuando ya habían entrado más de 115.000 animales que podían estar infectados.

La epidemia, que duró más de un año, obligó a sacrificar sólo en la provincia de Lleida alrededor de un millón de cerdos de un total de 1.800 explotaciones.

Para el sector, las consecuencias fueron muy negativas. La Administración también tuvo que pagar el sacrificio de animales enfermos y sanos a precio de mercado.

Marimon negó ayer que las grandes empresas productoras de porcino obtuvieran elevadas ganancias por la peste. De acuerdo con la información examinada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre las empresas supuestamente favorecidas por las decisiones políticas del titular de Agricultura está el grupo Vall Companys.

La firma leridana, que copa el 8% de la producción nacional de porcino, percibió 1.200 millones de pesetas en indemnizaciones por los sacrificios de cerdos. 'La epidemia nos afectó más que a nadie porque teníamos muchos animales en la zona inmovilizada, y si cobramos 1.200 millones fue porque sacrificamos cerdos por ese valor', señaló ayer un portavoz de Vall Companys, quien defendió la gestión de Marimon y dijo que en el supuesto de que éste hubiera demorado intencionadamente la declaración de la peste, su empresa habría salido más perjudicada 'porque los precios habrían subido mucho antes'.