Juzgado un alcalde, acusado de no precintar una granja ilegal

El alcalde de Les Masies de Voltregà (Osona), Estanis Criballés, se defendió ayer, ante el juez de la sección octava de la Audiencia de Barcelona, de la acusación de prevaricación ambiental y delito ecológico señalando que desconocía que el Mas Ordeig fuese una explotación ganadera. De esta forma, el alcalde justificó que la finca no tuviera licencia municipal de actividades. El fiscal pide para Criballés dos años de prisión y ocho años y medio de inhabilitación. Los otros acusados, Raúl Casadevall y Xavier Subiña, propietarios de la granja, afrontan penas de cinco años de prisión, cuatro años de inhabilitación para ejercer actividades empresariales y una multa de 4,5 millones de pesetas por verter purines en la riera de Talamanca, afluente del Ter.

Los hechos juzgados se remontan a 1996. La acusación sostiene que los propietarios de la granja porcina Mas Ordeig desarrollaban una actividad 'absolutamente ilegal y clandestina' al no disponer de licencia municipal de actividades ni de inscripción en el registro de explotaciones agrarias. Además, se acusa a los granjeros de verter clandestinamente excrementos porcinos (purines) en la riera de Talamanca.

Según el informe policial, los vertidos crearon 'una grave situación de riesgo para la salud de las personas que utilizaban las aguas contaminadas, así como para los acuíferos, pozos y captaciones de la zona'. El fiscal acusa de prevaricación al alcalde de Les Masies de Voltregà al entender que 'éste conocía perfectamente la situación ilegal de la granja y el hecho de que los acusados no disponían de la licencia municipal que tiene que otorgar el Ayuntamiento'. También le acusa de delito ecológico por no evitar los vertidos.

Vacío legal

El alcalde alegó desconocer que el Mas Ordeig fuera una granja ya que creía que era una casa de campo con media docena de cerdos. Criballés declaró que no tenía constancia de que los granjeros hubiesen pedido licencia de actividades o que la Generalitat realizase inspección alguna. 'Cuándo llegué al Ayuntamiento había un vacío legal con unas 50 granjas sin licencia o que presentaban algún tipo de ilegalidad en el funcionamiento', dijo.

Ante la falta de recursos para inspeccionar todas las granjas, Criballés manifestó: 'Decidí utilizar el sentido común y, como no podía cerrar las 50 granjas, me acogí a una moratoria que permitía una legalización hasta 2001 y me quedé tranquilo'. El Ayuntamiento no dispone de técnicos de medio ambiente, policías municipales asignados ni inspector de sanidad.

Los granjeros sostienen que el vertido fue un hecho aislado y accidental. Afirman que el vertido no llegó a la riera de Talamanca, a 400 metros de distancia, y que enseguida fueron a buscar una cuba para aspirar los purines. Los Mossos d'Esquadra reconocieron que la medición se hizo a ojo y que no cogieron muestras del agua de la riera porque no llevaban recipientes.