Molines acepta retrasar la ejecución del fallo del Teatro Romano

Se acaba el tiempo para tomar una decisión sobre el futuro de una obra que ya está consolidada. El consejero de Cultura, Manuel Tarancón, volvió a reiterar ayer que que su departamento está a la espera de los informes técnicos y jurídicos sobre la reversión de las obras del Teatro Romano de Sagunto para poder conocer de forma inequívoca si se puede actuar en él sin dañar el patrimonio. 'En el momento en que tengamos el resultado de estos informes estudiaremos la posibilidad de pedir una prórroga de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre', explicó el consejero. El Supremo confirmó entonces la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que en 1993 declaró ilegales las obras de rehabilitación.

En el caso de que los informes de Cultura determinen que la intervención arquitectónica diseñada por Manuel Portaceli y Giorgio Grassi no es reversible, Marco Molines sugirió ayer la posibilidad de que se haya podido incurrir en responsabilidad penal. Esa responsabilidad no sería 'institucional' sino 'personal'. Afectaría 'a determinadas personas', agregó Marco Molines antes de mencionar al ex consejero de Cultura socialista, Ciprià Ciscar, y al ex director general de Patrimonio, Tomás Llorens, que aprobaron la rehabilitación durante el gobierno de la Generalitat presidido por Joan Lerma, en 1988. El letrado dijo que habría que ver 'el fondo' de la cuestión para dilucidar si la responsabilidad penal implica también a Lerma. El presidente del Consell, Eduardo Zaplana, rechazó en su momento esta posibilidad.

Informes ya hechos

En cualquier caso, Marco Molines aseveró ayer que la Generalitat debía haber previsto el signo de la sentencia para tener a punto los informes correspondientes una vez se hiciera público el fallo.

De hecho, estos informes existen. La anterior directora general de Patrimonio del PP, Carmen Pérez, encargó una catas y un informe al respecto a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica. El catedrático de Construcción, Bernardo Perepérez, firmó el citado informe en noviembre de 1998 en el que confirmaba 'lo manifestado por Carmen Aranegui', ex jefe de servicio de Patrimonio Artístico Mueble que ya diez años antes aseveraba que la intervención era reversible, tal y como siempre han sostenido los arquitectos del proyecto. Perepérez cifraba en 253 millones de pesetas el coste global de la demolición. Tarancón siempre ha indicado que hacen falta más informes.

En el Ayuntameinto de Sagunto no se tiene constancia de que haya habido más trabajos técnicos en el recinto romano, si bien no pueden asegurar dicho extremo. Díficilmente se entendería la demolición de una obra ya consolidada cuya asignatura pendiente es dotarla de actividad en correspondencia a su enorme potencial. Desde que se dio a conocer la sentencia se apunta la posibilidad de que se realice una intervención suave sobre el graderío como gesto político del PP. Algunos expertos opinan que la aplicación de la interpretación que la sentencia hace de la ley de Patrimonio Histórico, que califica la obra de reconstrucción y no de rehabilitación, podría realizarse sobre cualquier intervención, impidiendo la actuación en muchos casos.