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El edil de Urbanismo de Málaga contradice al juez y niega haber ocultado mandamientos de embargo

Ramos mantiene su coartada sobre la existencia de unas llamadas telefónicas al Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga, que en enero de 1999 decretó un embargo de la nómina del entonces director del área de Bienestar Social por deudas con Unicaja por valor de 6.596.351 pesetas, para advertir que había enviado los mandamientos a un departamento equivocado y que debía remitirlos al área de Tesorería.

En su negación de la versión contenida en el auto en el que el juez aprecia indicios de delito en la actuación de Ramos, éste atribuye la 'confusión' creada al hecho de que el juzgado no registre las llamadas telefónicas. Según el auto del juez Juan Francisco Ramírez Barroso, tanto la secretaria judicial como el encargado de la tramitación del expediente de embargo han certificado que no mantuvieron ninguna conversación telefónica con nadie al respecto.

Pero es más, según el juez, tampoco esta supuesta comunicación era la vía correcta de actuación, ya que de acuerdo a la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública, el área de Bienestar Social debía haber remitido los mandamientos a Tesorería, como los propios funcionarios municipales del registro han declarado que se hace habitualmente.

Ramos insiste en su inocencia y que ni él ni el funcionario de su confianza Enrique Vega ocultaran los mandamientos judiciales para evitar que su nómina sufriera un nuevo embargo. En 1999, el sueldo de Ramos tuvo tres embargos de juzgados de Madrid, Zaragoza y Vélez Málaga y en el momento de los hechos tenía además pendiente la ejecución de una deuda de 224.000 pesetas con la empresa que recauda los impuestos municipales de Málaga.

'A todo esto le falta un elemento fundamental, la motivación, y puedo asegurar que no había ningún interés en retrasar, disimular o no dar tratamiento adecuado a las órdenes de embargo', aseguró ayer el edil, que en su empeño por defenderse llegó a asegurar que 'todo es una especulación'. Preguntado por las consecuencias que podría tener el uso de este calificativo para referirse al auto del juez Ramírez Barroso, el concejal aseguró: 'Si lo he dicho lo retiro, no quiero que se interprete como un posible desacato, el auto recoge elementos que el juez cree probados y no lo voy a calificar'.

Ramos insistió en que recurrirá el auto, 'porque no se me ha hecho justicia' y se mostró confiado en que 'al final es posible que quienes hoy se precipitan mañana se tengan que retractar', en referencia al portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Oliva.

El auto en el que el juez Ramírez Barroso ha encontrado indicios de que Ramos y el funcionario Enrique Vega hubiesen cometido un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público resuelve el archivo de una querella que el concejal de Urbanismo presentó contra Oliva por acusarle en una conferencia de prensa de haber ocultado los mandamientos judiciales.

El asunto aún coleará, pues además del recurso de Ramos contra el archivo de esta querella, otro juzgado instruye una denuncia que el portavoz socialista presentó por ocultación de documento.

Ramos aprovechó ayer una comparecencia ante los periodistas para informar de una remodelación de la Gerencia Municipal de Urbanismo para hacer un extenso discurso de autoelogio. 'Puedo sacar pecho', dijo, 'por mi trayectoria en este Ayuntamiento, que entiendo es un aval del que no dispone todo el mundo'.

El concejal hizo una prolija relación de motivos, en la que incluso incluyó la negociación del convenio colectivo y la aprobación de un nueva relación de puestos laborales, aunque obvió que ambos se encuentran recurridos en los tribunales por la Delegación del Gobierno en Andalucía. Antes de ser designado concejal de Urbanismo el pasado octubre, Ramos fue responsable de las área de Personal y Policía Local. Sobre esta última resaltó la aprobación de un nuevo reglamento que sustituye al anterior, de 1927, y al que 'nadie se había enfrentado'.

De su etapa como director del área de Bienestar Social, antes de ser concejal, destacó que puso en marcha un programa 'pionero' y que 'Málaga es junto a Barcelona la única ciudad española con un plan de actuación social'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 19 de enero de 2001

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