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LOS PROBLEMAS DEL GOBIERNO

El empresario Lirón suma otra condena por impago a extranjeros

Tereixa Constenla

Víctor Lirón Ruiz, gerente de Greensol, SL, la empresa para la que trabajaban los 12 inmigrantes arrollados por un tren en Lorca (Murcia) el pasado 3 de enero, sumó ayer una nueva sentencia condenatoria a su ya larga lista de decisiones judiciales en contra. El Juzgado de lo Social número 5 de Murcia condenó al empresario a pagar alrededor de un millón de pesetas a cinco inmigrantes ecuatorianos, a quienes adeudaba los salarios de varios meses.

Esta deuda, no obstante, será asumida, al igual que ha ocurrido en otros casos de Greensol, declarada insolvente el pasado 13 de diciembre, por el Fondo de Garantía Social. A pesar de no estar regularizados, los extranjeros decidieron interponer una demanda por impago salarial contra Lirón, que no compareció en el juicio, celebrado el pasado 8 de enero.

La ausencia del administrador único de Greensol en todas las citaciones judiciales o de conciliación es una constante, que ayer se repitió en otro juzgado murciano que investiga también una demanda de salarios. Ni Víctor Lirón ni su letrado acudieron ayer a una prueba testifical solicitada por el juzgado de lo Social número 3 en relación con otra demanda por impago, interpuesta por otros cinco ecuatorianos que, al igual que sus compañeros, carecían de permiso de trabajo.

A este grupo, la empresa le debe alrededor de 1,2 millones de pesetas correspondientes a varios meses de 1999. Este proceso se ha dilatado más de un año debido a las sucesivas incomparecencias de la empresa y a la devolución de las citaciones judiciales que se remitían a la sede de Greensol, en Lorca.

El juez llegó a enviar a un funcionario para realizar la notificación en persona en mayo, aunque se encontró con la empresa cerrada. Los vecinos argumentaron que desconocían el paradero del propietario. La resolución del juicio, que se celebró finalmente el 13 de diciembre sin la presencia del empresario, citado a través de un edicto, está pendiente de la declaración de testigos, que ayer tampoco se presentaron.

El juez decidió fijar una nueva citación para el próximo 23 de enero, justo el día en que Víctor Lirón se enfrenta a otro proceso de demanda salarial, que se verá en el juzgado de lo Social número 1 de Murcia, interpuesta por otros cinco inmigrantes irregulares.

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Antonio Pérez, el abogado de Comisiones Obreras que ha llevado casi todas las demandas de antiguos empleados de Greensol, calcula que más de 80 inmigrantes, la mayoría procedentes de Ecuador, han ido a los tribunales para reclamar sus salarios. Pérez sostiene que el caso de Lirón no es aislado y el modo de actuar suele coincidir: 'El pirata típico no tiene tierra, la alquila, y tampoco suele tener nada a su nombre para evitar embargos'. 'Casi todos los días hay algún juicio o acto de conciliación de algún inmigrante irregular por demanda de salario', indicó.

Demandas estimadas

Aunque los juzgados de lo Social no suelen estimar las demandas por despido de los inmigrantes sin papeles por su irregularidad administrativa, sí prosperan con frecuencia las demandas de salario si los inmigrantes prueban su trabajo.

En una sentencia de octubre pasado, el juez condenaba a Víctor Lirón y Greensol a pagar a 10 ecuatorianos salarios pendientes porque 'independientemente de su irregular situación laboral, lo cierto es que prestaron servicios para los demandados en el tiempo que dicen'.

Durante el año 2000, los juzgados de lo Social de Murcia han dictado, al menos, 10 sentencias que condenan a Víctor Lirón, en su calidad de propietario de Greensol o Celorsa, esta última en un solo caso, por no pagar a sus trabajadores, casi siempre inmigrantes en situación de irregularidad. Pero no sólo los extranjeros han tenido problemas laborales con Lirón. También algunos empleados españoles, que contaban con contratos de trabajo, le han llevado a los tribunales por impago salarial o despidos declarados improcedentes.

Contratos verbales

El juez Mariano Gascón Valero, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Murcia, firmó una sentencia en noviembre que recogía el modo de operar de Lirón. 'Los actores, todos ellos de origen extranjero, son contratados verbalmente por los demandados (...) sin que estuviera regularizada administrativamente su situación en España, y sin formalizar por lo tanto ni contrato de trabajo ni alta en Seguridas Social'. El magistrado estimó las demandas de salario de ocho inmigrantes al considerar que no pueden estar privados del derecho a ejercitar 'acciones jurisdiccionales ni a la tutela judicial efectiva'. 'La condición de trabajadores emigrantes de los actores, sometidos por lo tanto a la imperiosa necesidad de trabajar, determinó que, mayoritariamente, fueran contratados verbalmente' de forma precaria, según el juez. En algunos juicios contra Greensol, los inmigrantes han encontrado la solidaridad de los trabajadores españoles, que han testificado contra Lirón y confirmado la vinculación laboral.

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Sobre la firma

Tereixa Constenla
Corresponsal de EL PAÍS en Portugal desde julio de 2021. En los últimos años ha sido jefa de sección en Cultura, redactora en Babelia y reportera de temas sociales en Andalucía en EL PAÍS y en el diario IDEAL. Es autora de 'Cuaderno de urgencias', un libro de amor y duelo, y 'Abril es un país', sobre la Revolución de los Claveles.

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