Los más olvidados de México

Diez mil familias pobres o paupérrimas de 506 poblaciones rurales mexicanas fueron excluidas de un programa oficial contra la pobreza a partir de 1997, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-diciembre de 2000), con el bienintencionado objetivo de evaluar las diferencias entre aquellas con ayuda y las excluidas. Las consecuencias fueron evidentes, e irreversibles: los niños atendidos crecieron un centímetro más cada año, su rendimiento escolar mejoró y disminuyeron las enfermedades entre los adultos. Los excluidos siguieron padeciendo una marginación de siglos.

La metodología, cuestionada ética y moralmente, y denominada 'intervención aleatoria y cuasi experimental' en el informe de conclusiones, evaluó la efectividad de Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación), está siendo investigada desde el pasado diciembre por un grupo del Congreso. Fue ejecutada por empleados del International Food Policy Research Institute (Instituto Internacional de Políticas Alimentarias), con sede en Washington, contratado por la secretaría (ministerio) de Desarrollo Social (Sedesol). Los beneficiarios del programa enfermaron un promedio de 17 días menos que los excluidos, están un 22% menos en la cama y pueden caminar un 7% más que aquéllos. Entre los niños de 0 a 5 años la incidencia de enfermedades fue del 12% menor que entre aquellos que no participan en el programa.

Diputados del partido gobernante, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) y del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), centro-izquierda, reclamaron una investigación y el eventual castigo de los funcionarios responsables. 'De entrada ya tienen una responsabilidad moral por haber provocado una situación que a todos nos duele', subrayó el diputado Francisco Javier Cantú, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento. Parlamentarios del PRI también reprocharon prácticas de medición que, según Humberto Roque, 'no dejan de ser un poco crueles'.

La discriminación no ha sido entendida por sus víctimas, la mayoría de las cuales nada saben al respecto, ni por quienes en México condenaron todo tipo de experimentación con seres humanos, aunque las metas sean loables. El diario Reforma viajó a la aldea de Yospí, en el Estado de Querétaro. De las 300 familias que componen esta comunidad, 180 reciben actualmente hasta 260 pesos mensuales (5.200 pesetas) de Progresa. El resto desconoce las razones de su exclusión en el censo elaborado hace tres años para canalizar unos donativos cuyos principales receptores son niños, madres embarazadas y ancianos.

Crescenciano de Jesús Martínez, de 73 años, supuestamente debió haber sido incluido, pero recuerda que los encuestadores preguntaron por su nieto Daniel, y a él lo ignoraron estando como estaba: lisiado. 'Me pegó un rayo hace 11 años y la sangre se me coció. No podía orinar, y quedé como tullido. No movía las manos ni los pies'. 'Al menos en Yospí, esos avances físicos en más de 700 niños de 0 a 5 años no se observan a simple vista, sobre todo en los que cuentan con Progresa', escribió el autor del reportaje. 'Lo que los caracteriza es su delgadez, las manchas en la cara, a las que llaman jijotes, las infecciones respiratorias y las gastrointestinales'.

Con 500 pesetas al día

Abatir la pobreza en México llevará decenios, contando siempre con un desarrollo económico sostenido. Más de cuarenta millones de nacionales viven con 26 pesos (526 pesetas) al día, en un país donde el cine cuesta 40 pesos (800 pesetas), de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2000. Y un total de 14.338.797 personas habitan viviendas con suelo de tierra. La situación es dramática en algunas regiones. El hambre y la desnutrición matan a cuatro de cada 10 niños tarahumaras en la sierra del Estado de Chihuahua. Esa realidad, según el párroco Luis Verplancken, director de la clínica Santa Teresita, es mejor