Los ecuatorianos rechazan la oferta del Gobierno de viajar a su país para regularizarse

La oferta del Gobierno sobre devoluciones pactadas de inmigrantes unió ayer a extranjeros, empresarios y sindicatos en un rechazo generalizado. A la espera de las asambleas que celebrarán los ecuatorianos el fin de semana, el representante de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Juan Carlos Manzanilla, ya adelantó ayer que 'no es negociable' el viaje de vuelta por el drama que supondría para el colectivo, pendiente de saldar las deudas con las que han costeado su aventura inmigratoria hasta España. El delegado en Lorca (Murcia) de Rumiñahui, Manuel Tandezo, desdeñó la propuesta como 'un absurdo'. La oficina de asesoramiento legal al inmigrante de UGT y Cáritas en Lorca registran en los últimos días un aumento de consultas por parte de los inmigrantes.

Rumiñahui -que calcula que hay en España 150.000 ecuatorianos- solicitará a las autoridades ecuatorianas que presionen al Gobierno en favor de la regularización de quienes ya están en territorio español, aprovechando la negociación del convenio bilateral que regulará los flujos migratorios entre ambos países.

La oficina de asesoramiento legal de UGT y Cáritas en Lorca ha registrado en los últimos días un aumento considerable de consultas por parte de los inmigrantes.

La oferta que realizó el jueves Enrique Fernández-Miranda, delegado de Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, fue calificada con ironía por la secretaria confederal de Migraciones de CC OO, Paloma López, de 'expulsión amistosa' y de 'trampa'. La proposición evidencia, a su juicio, el 'trasfondo' de la Ley de Extranjería, que entra en vigor el 23 de enero.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pidió el cese inmediato de Fernández-Miranda por su 'incompetencia' y por sus declaraciones 'racistas y xenófobas', y le comparó con los ultradechistas Le Pen y Haider.

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia indicó ayer en un comunicado que la oferta sólo contribuye a prorrogar la solución al desajuste que vive el campo murciano entre sus necesidades de mano de obra y los inmigrantes regularizados disponibles. En su reunión del jueves con Fernández-Miranda, los empresarios cifraron en 8.000 los contratos que necesitan cubrir.

El presidente de la asociación de productores y exportadores de la región, José Hernández, consideró la oferta una 'barbaridad' y volvió a reclamar al Gobierno que autorice contrataciones provisionales para los 3.000 pendientes del expediente de regularización, entre otras medidas. El secretario regional de COAG, Pedro Lencina, por su parte, cree que el retorno de los inmigrantes a su país no constituye una salida.

Por otra parte, una veintena de inmigrantes ecuatorianos presentaron ayer una denuncia en los juzgados de Novelda contra un empreario agrícola de Aspe (Alicante) por impago de salarios.