Culpables identificados

La estabilidad de precios constituye una premisa para el crecimiento económico y mejorar la distribución de la renta. La negativa evolución del IPC en España en el año 2000, es una mala noticia para la sociedad española por segundo año consecutivo, no sólo por la cifra, sino por el diferencial con los países más desarrollados de la Unión Europea. Los culpables de la situación están identificados: el impacto de los precios del petróleo y los empresarios que acumulan beneficios excesivos amparados por un Gobierno ajeno a sus responsabilidades. Los afectados por el descontrol de precios son mayoría, aunque poco podían hacer para evitarlo.

El descontrol de la inflación limita la capacidad de crear empleo, pero sus consecuencias negativas son más amplias. El empobrecimiento comienza por los trabajadores con acuerdos salariales sin cláusula de garantía, pero también afecta a los que tienen contratos temporales inferiores a un año y a las personas cuyos ingresos estén relacionados con el SMI, ya sean ocupados o perceptores de prestaciones por desempleo.

Controlar la inflación es tarea del conjunto de la sociedad. Un camino al que no colabora el Gobierno ofuscándose en una irreal e irresponsable previsión del 2% para el año próximo, entorpeciendo la negociación colectiva y asegurando perjuicios ciertos al fijar el SMI y la subida a los empleados públicos con el mismo criterio. La promesa de rebajas en los impuestos directos y el saldo presupuestario cero, no son compensación para los afectados, en especial los más desfavorecidos.

En un escenario de crecimiento económico es compatible crear empleo con una mejora del poder adquisitivo de acuerdo a la productividad. Una ganancia de poder adquisitivo que debe estar garantizada por cláusulas de garantía efectivas. Pero sin olvidar que la necesaria cohesión social, no pasa por pagar menos IRPF, sino, sobre todo, por articular las correspondientes políticas de gasto y, para eso, hay que disponer de los recursos necesarios recaudados de forma justa.

Miguel Ángel García Díaz es economista del Gabinete Técnico Confederal de CC OO.