El Gobierno intentará paralizar como sea parte del Plan General de Vitoria

El Gobierno vasco y la Diputación alavesa han entrado en una abierta polémica por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria. Este plan recibió a finales de diciembre el visto bueno definitivo de la Diputación de Álava sin atender los requerimientos que había realizado el Departamento de Urbanismo de rebajar la expansión urbanística prevista en nueve pueblos próximos a la capital alavesa. El consejero de Urbanismo, Patxi Ormazabal, anunció ayer que intentará paralizar por todos los medios una parte del plan, la que se refiere a la construcción de chalés unifamiliares en los núcleos rurales próximos a la capital alavesa. Para ello, recurrirá a los tribunales o hará uso de la Ley de Ordenación Territorial, que le faculta para suspender un plan si no se ajusta a las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), el documento de planificación de mayor rango de Euskadi.

Según explicó ayer Ormazabal, la pretensión del Ayuntamiento de Vitoria, avalada por la Diputación de Álava, contraviene el informe vinculante emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (órgano integrado por todas las administraciones) al plantear un crecimiento residencial excesivo en los pueblos de Amarita, Castillo, Gamarra Mayor, Lasarte, Mendoza, Ullivarri Viña y Villafranca, y una expansión más selectiva, pero igualmente exagerada, en Miñano, y Berrosteguieta.

El consejero recalcó que la Diputación, dirigida por el PP, ha preferido obviar el informe para beneficiar al Ayuntamiento de Vitoria, también en manos de los populares, y se ha saltado la distribución competencial. 'La Diputación pretende subvertir el ordenamiento, que históricamente ha respetado, cuando en esta ocasión trata de atender las pretensiones de un ayuntamiento del mismo color político. Es sorprendente que los criterios aportados de mutuo acuerdo por la propia Diputación y el Gobierno en el mes de julio en relación con el crecimiento de los pueblos, no valgan cuando se trata del municipio de Vitoria', se lamentó Ormazabal.

El Gobierno considera que es necesario reducir un 12% (131) el número de chalés previstos en siete pueblos y suspender durante un año cualquier plan en las localidades de Miñano (donde se quieren edificar 246 casas) y en Berrosteguieta (444). La Diputación sólo ha accedido a suspender la edificación en el caso de Berrosteguieta, pero por razones diferentes a las esgrimidas por la Comisión. El Ejecutivo foral ha catalogado el suelo como no urbanizable por razones paisajísticas. Mientras, Patxi Ormazabal cree que trata de una argucia y que en breve volverá a calificar el suelo como urbanizable y dar vía libre a la construcción de chalés.

La Diputación alavesa respondió al consejero con mayor dureza aún. El titular de Urbanismo, Antonio Aguilar, replicó que el Gobierno vasco 'no tiene legitimidad para exigir nada' porque, dice, ha obviado la Ley Estatal del Suelo. 'No ha habido respeto institucional y no pueden exigirlo', contestó Aguilar, quien además aseguró que la Diputación 'es la única institución que ha respetado las DOT' al estudiar el Plan General de Vitoria.