Continuaremos defendiendo a las víctimas

Recientemente se ha suscitado un debate, desde las páginas de opinión de la edición catalana de este periódico, que tiene a nuestro modo de ver un enorme interés: sacar a la luz pública el grave problema de los abusos sexuales a la infancia.

Pese a la divergencia manifiesta de las posturas entre el señor Espada y nosotras, quizá es posible centrar la cuestión, más allá de la vivencia personal de cada uno o la descalificación.

No creemos que pueda negarse que existen adultos que abusan sexualmente de niños y niñas y que dichas conductas deben ser incluidas en el Código Penal, junto al catálogo de aquellas que denominamos delitos y suponen la cumbre del reproche legal.

La intervención por tanto de la Administración de justicia se deriva como necesaria y es a partir de ahí cuando podemos analizar si es adecuada, si respeta los derechos de todos los implicados, tanto de los inculpados como de las víctimas, y si la respuesta es en definitiva la que se corresponde.

Invalidar el testimonio de los niños supone posicionarse por anticipado del lado del adulto (el más fuerte) y abundar en la exculpación de la violencia sexual

Las declaraciones de las víctimas en cualquier proceso son una herramienta de prueba. ¿Qué sucede con las de los niños? ¿Es adecuado el método que se utiliza? ¿Es garantista? ¿Debería modificarse?

Invalidar su testimonio de forma genérica supone posicionarse por anticipado del lado del adulto (el más fuerte) y abundar en la exculpación de la violencia sexual, lo cual no es nuevo sino la continuación de un discurso repetido a lo largo de los siglos.

Parece evidente que la exploración directa de los menores a través de policías, fiscales o jueces, pese a tener la ventaja de la inmediatez, tiene costes secundarios. Mientras los inculpados aducen en muchas ocasiones que los niños actúan presionados por otros adultos y que son fácilmente manipulables, los psicólogos y psiquiatras advierten de las secuelas que ello provoca y de las múltiples ocasiones en las que los menores en esas circunstancias se bloquean y callan, por lo que el abuso queda impune.

Algunos países han optado por establecer legalmente que sean sólo los expertos los que realicen las preguntas, a través de material especialmente diseñado al efecto, y que abogados, fiscales y jueces interroguen a través de ellos. Esta solución se está utilizando también aquí, pero aún de modo minoritario y sin evitar a los niños acudir a la vista del juicio.

Cuando la edad de la víctima es tan tierna como los tres, cuatro o cinco años, incluso hasta los ocho o nueve (y algunos niños a esa edad lo han sufrido), su presencia en el acto del juicio es cruenta y generalmente poco práctica ya que no están en condiciones de declarar; por ello, sustituirla por la proyección de la grabación de la entrevista a través del especialista parece mucho más adecuado.

Para mejorar el estado de esta cuestión debemos situarnos frente a la realidad que plantea, desvelarla, proteger a las víctimas, respetar los derechos de los imputados y aplicar la legalidad vigente.

No creemos que el abuso sexual en la infancia tenga hoy quien lo defienda, la cuestión se centra por tanto en la idoneidad de los cauces que se aplican en su represión y en este sentido bienvenido sea el debate si sirve para mejorar la respuesta judicial haciéndola más garantista, disminuyendo la impunidad y salvaguardando a cada uno de los niños que son en principio la parte más vulnerable.

M. José Varela y Lara Padilla son abogadas.