Fumadores contra tabacaleras

España no va a quedar al margen de la batalla judicial que grupos de fumadores iniciaron en Estados Unidos contra la industria tabacalera. La demanda civil formalizada en Barcelona y León por enfermos operados de cáncer de laringe sólo es uno más de los múltiples procesos que deben afrontar las multinacionales del tabaco en distintos lugares del mundo, consecuencia lógica de la globalización.

Si un tribunal de Florida estima que las productoras de cigarrillos tienen responsabilidades por los daños que provocan sus productos y considera demostrado que han mentido, engañado y extorsionado en su campaña por extender la adicción al tabaco, no es de extrañar que ciudadanos que se consideran perjudicados por esta adicción emprendan acciones legales en cualquier otro país. Al fin y al cabo, las empresas tabacaleras son gigantes multinacionales que operan en todo el mundo, aunque desplegando estrategias específicas para los diferentes continentes e incluso para cada mercado nacional. Estrategias muchas veces agresivas y que no dudan en centrarse en los más vulnerables, los niños y adolescentes. No es casualidad que la edad de inicio en la práctica de fumar cigarrillos sea cada vez más temprana: recientes estudios han demostrado que estas edades son especialmente receptivas a los mensajes cuidadosamente seleccionados -identificación del cigarrillo con ser mayor, o con la rebeldía, etcétera- para estimular la adicción al tabaco.

Nadie hubiera imaginado hace veinte años que pudieran prosperar demandas contra las todopoderosas tabacaleras como las que ya se han resuelto en Estados Unidos. Pero muchas otras cosas que parecían inverosímiles forman hoy parte de la vida social. Aunque la legislación española es muy distinta de la norteamericana, y también el contexto social, veremos qué depara este proceso. Porque la sensibilidad frente al tabaco está cambiando muy rápidamente y existe cada vez una más extendida convicción de que no se ha hecho suficiente, desde las administraciones responsables, por atajar los daños que provoca el tabaco, responsable de más de 40.000 muertes cada año y de unos costes sociales astronómicos, en sanidad y bajas laborales.

A diferencia de los procesos seguidos en Estados Unidos, los demandantes españoles reclaman 4.000 millones a las tabacaleras, pero no como indemnización particular por el daño que han sufrido, sino como reparación colectiva que revertirá en mejoras sociales para los damnificados por su adicción al tabaco. También reclaman que se obligue a especificar en cada paquete todas las sustancias nocivas que contiene el tabaco. Este planteamiento da a su causa una proyección social que sin duda tendrá consecuencias. Las tabacaleras se han movido hasta ahora en España casi como en un coto privado. Ganen o pierdan este proceso, han de comenzar a hacerse a la idea de que las cosas no seguirán siendo iguales.