De derechos y libertades...

El terrible accidente de Lorca ha puesto de relieve la pervivencia entre nosotros de situaciones más propias del siglo XIX que del XXI recién inaugurado: no es normal que a la hora del AVE y de Internet sigan existiendo miles de cruces entre carreteras y vías férreas que ni siquiera cuentan con la protección de una barrera; y es indignante que en la España de la prosperidad económica y los derechos humanos coexistan las trabas para la regularización de los trabajadores inmigrantes con la tolerancia hacia las empresas que se benefician de la indefensión de los indocumentados.

Los debates sobre la recientemente aprobada reforma de la Ley de Extranjería ('de los Derechos y Libertades de los Extranjeros', según su nombre oficial) acabaron centrándose en el insuficiente reconocimiento, según la oposición, de los derechos personales de los inmigrantes: de asociación, manifestación, sindicación y huelga. Ahora se ve que no se trataba (o no sólo) de adaptar el número de inmigrantes a las posibilidades de absorción del mercado laboral; sino también de mantener una masa constante de trabajadores en situación irregular que permitiera su contratación en condiciones precarias.

Si no era ése un efecto deliberadamente buscado, es un hecho que no lo ha impedido y tal vez lo ha facilitado. Los sindicatos habían presentado decenas de denuncias, con el efecto que ahora se ve, contra los empresarios que, según UGT, empleaban a las víctimas de Lorca, todas ellas sin papeles. Mafias especializadas en mediar entre empleadores sin escrúpulos y trabajadores sin derechos han proliferado en los últimos años: desde que la mano de obra barata se convirtió en condición del auge de la agricultura intensiva, especialmente en el sureste.

A los marroquíes han seguido los ecuatorianos, que es la colonia que más ha crecido, especialmente tras la crisis económica que afecta a ese país desde hace un par de años. Aquí reciben un salario que es hasta cinco veces inferior al que recibiría un trabajador español, pero que es hasta cinco veces mayor que el que les pagarían en su país. Sobre todo, la falta de derechos sindicales permite su contratación sin Seguridad Social y en jornadas de hasta doce horas. Pagadas a veces por kilo recolectado y no por tiempo trabajado: algo que ningún trabajador español aceptaría.

Hay una oferta que encuentra demanda, pero en condiciones inhumanas. Los 12 ecuatorianos que perdieron la vida cuando se dirigían, hacinados en una vehículo con capacidad para la mitad, a recolectar brócoli en el campo murciano, se han convertido en un símbolo de la persistencia del pasado en nuestro presente; y ninguna discusión sobre la Ley de Extranjería podrá prescindir en adelante de la realidad que el drama ha revelado.