El alcalde de Getxo admite que habrá que 'reforzar' la protección policial

El alcalde de Getxo, el peneuvista Iñaki Zarraoa, admite ahora, tras los últimos actos de violencia callejera que afectaron a esa localidad vizcaína en la noche de fin de año, que 'habrá que pensar en reforzar los sistemas de prevención' ante este tipo de acciones de apoyo a ETA.

Hace ahora casi un año, el propio Zarraoa fue muy criticado por la asociación de comerciantes del municipio y por los principales sindicatos de la Ertzaintza por unas declaraciones en las que les animaba a 'hacerse fuertes' ante los violentos después de dos días consecutivos de sabotajes tras una convocatoria de huelga hecha por la izquierda abertzale. Entonces animó a los afectados por estas acciones a que no cediesen a los piquetes y tomasen 'medidas valientes y atrevidas' sin cerrar sus locales. Ayer, no obstante, reiteró el carácter 'imprevisible' de este tipo de ataques.

Una veintena de proetarras encapuchados atacó en la madrugada del 1 de enero seis sucursales bancarias de la localidad, la sede del PSE -que ayer mismo fue reabierta en un acto público en que los socialistas remarcaron su voluntad de 'no ceder ni un ápice de libertad'- y las oficinas de Metro Bilbao.

Zarraoa calificó ayer en un comunicado de 'amedrentadores y enemigos de este pueblo' a los autores de estos incidentes, mientras que la Junta de Portavoces municipal condenó la actitud de los violentos, que ha causado 'importantísimos daños materiales y zozobra'. Tras solidarizarse con los afectados y exigir una 'paz sin condiciones', todos los partidos del consistorio, salvo EH, admitieron que 'la resolución de los conflictos sólo puede asentarse sobre bases democráticas, desde la palabra y el diálogo'. También la Junta de Portavoces de Portugalete, con la abstención de EH, condenó ayer el reciente ataque con cócteles mólotov contra el juzgado del municipio.

La patronal vasca Confebask condenó ayer en una nota los atentados con bomba cometidos el pasado día 30 por ETA contra las instalaciones de la empresa Construcciones Sukia y contra el concesionario de coches Daniel Barcos, en el barrio de Lorea de San Sebastián.

Confebask tachó los atentados de un 'nuevo ejemplo de intolerancia, barbarie y fanatismo'. La patronal de Guipúzcoa (Adegi) y la asociación de constructores de la misma provincia (Ascongi) condenaron enérgicamente ambos atentados e instaron a los empresarios a 'mantenerse con determinación en sus puestos'.

Como consecuencia de las tres deflagraciones registradas en la capital guipuzcoana -la tercera bomba, compuesta por dos kilos de dinamita, fue colocada en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social- una veintena larga de propietarios de viviendas cercanas a donde se produjeron los atentados han presentado denuncias ante la Ertzaintza por los destrozos sufridos.