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LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO

El Gobierno quiere aumentar la contribución de Euskadi en la renovación del Concierto

Luis R. Aizpeolea

El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, estima que, dada la crisis política vasca, no es el momento más oportuno para abrir con el Ejecutivo del lehendakari, Juan José Ibarretxe, una negociación de tanto calibre como la renovación del Concierto Económico, la ley más importante de la autonomía vasca, la que le otorga capacidad para recaudar impuestos, de la que carecen las demás comunidades, con la excepción de Navarra.

Desde los Gobiernos central y vasco se está promoviendo un aplazamiento de esta negociación -que coincidirá a su vez con la renovación quinquenal del Cupo- a la espera de que la situación se clarifique en Euskadi con unas elecciones. Elorriaga cree que ambos Gobiernos no abren la negociación porque no quieren condicionar al próximo Ejecutivo vasco.

Otro temor adicional del Gobierno central es que la negociación con el Ejecutivo de Vitoria de un tema tan complejo como la renovación del Concierto podría complicarse aún más en estas condiciones de enfrentamiento político directo. Asimismo, el Gobierno de Ibarretxe adolece de una debilidad política que tampoco le permite encarar con firmeza un reto de tal envergadura.

El hecho es que el 10 de julio, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, envió una carta al recién nombrado ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, en la que le pedía reabrir el proceso de negociación con el Gobierno central. Posada le respondió 17 días después con otra carta en la que expresaba su disposición a reabrir las conversaciones, pese a que 'la actual situación política puede repercutir en la fluidez del diálogo'.

Sin embargo, ninguna de las dos partes ha vuelto sobre la cuestión ya que a partir del verano la política vasca entró en crisis definitiva con el bloqueo del Gobierno Ibarretxe, que quedó en minoría parlamentaria, y fue censurado, en sendas mociones, por el PP y el PSOE. Sólo hace un mes, en una rueda de prensa en Euskadi, Zenarruzabeitia aludió al caso. No obstante, las fechas se echan encima. Para octubre tendría que estar cerrada la negociación ya que la ley, que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2002, necesita tres meses para su tramitación.

Elorriaga estima que la renovación de la Ley del Concierto, tras 20 años de aplicación, ofrece una oportunidad para revisar su funcionamiento en varios aspectos ya que 'la situación actual, tanto económica como tributaria, nada tiene que ver con la de hace 20 años'.

Uno de los aspectos que el Gobierno plantea revisar es el polémico cálculo del Cupo, que sobrefinancia a Euskadi. El Cupo es la cantidad que el Ejecutivo de Vitoria paga a la Administración central por los servicios que ésta presta en Euskadi. Elorriaga cree que hay que lograr que el nuevo sistema de Cupo salve progresivamente las diferencias que existen entre las comunidades vasca y navarra en relación con las demás en lo que respecta a su financiación. 'En los resultados se manifiestan unas diferencias que perciben todas las comunidades autónomas', señala. Y apunta que sería deseable un acuerdo con el PSOE en esta materia.

Aproximación

Hace dos años, el entonces responsable autonómico del PSOE, Ramón Jáuregui, acordó con el líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Pasqual Maragall, aproximar progresivamente los resultados del Concierto Económico Vasco y los de las comunidades reguladas por el sistema de financiación común hasta converger en el plazo máximo de 20 años. La Ejecutiva Federal que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha asumido este compromiso.

Junto al cálculo del Cupo, Elorriaga cree que la revisión del Concierto Económico debe servir para superar las anomalías experimentadas en sus dos décadas de funcionamiento. Así, señala que el Concierto se plantea que la presión fiscal global efectiva en el País Vasco no puede ser inferior a la del resto del territorio. 'Pero tal cláusula ya no es garantía de nada porque al disponer las comunidades autónomas de capacidad normativa la presión fiscal puede ser distinta', señala Elgorriaga.

El secretario de Estado de Organización Territorial cree también que la revisión del Concierto debe replantear el papel de la alta inspección del Estado, recogida en la propia ley, y que 'no se ha ejercido nunca'. Así como clarificar la tributación de las empresas.

A su juicio, resolver de una vez las distintas interpretaciones que ofrece la aplicación de la Ley del Concierto también repercutiría favorablemente a la hora de defender esta ley ante la Unión Europea. Elorriaga confirmó la disposición del Gobierno central a seguir defendiendo esta norma ante las instancias comunitarias, que han planteado numerosos conflictos tanto al Ejecutivo vasco como a las diputaciones forales por la concesión de ayudas supuestamente encubiertas a las empresas que deciden establecerse en Euskadi.

El Cupo, pilar de la financiación vasca

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