Tirar de la cadena

En la madrugada del 25 de abril de 1998 se produjo en Aznalcóllar, Sevilla, casi en la linde con el Coto de Doñana, la mayor catástrofe ecológica registrada en España, no digamos ya en Andalucía: el muro de contención de la balsa que contenía lodos saturados de arsénico y otros metales sumamente tóxicos se abría, reventaba, debido a causas que todavía no están claras. Corrimiento de tierras (que tenía que haber estado previsto en este tipo de instalaciones), construcción defectuosa como denunció a su debido tiempo un ingeniero sospechosamente despedido y otras hipótesis se barajaron para explicar semejante faena. El caso es que toda la porquería acumulada allí por la empresa Boliden Limited, en Andalucía Boliden Apirsa, procedente de las minas, salió en grandes cantidades contaminando todo el entorno y el cauce del río Guadiamar y de rebote el Guadalquivir. Cinco millones de metros cúbicos de caca minera e industrial.

En principio se le restó importancia, pero cuando la ministra Isabel Tocino ve el alcance de la catástrofe, o se lo hacen ver, ordena inmediatamente, en colaboración con la Junta de Andalucía y una mano de la compañía explotadora de las minas, acometer de inmediato un plan de limpieza del cauce del Guadiamar y reparación de la balsa.

Más de cuatrocientos camiones diarios a toda velocidad van cargando y devolviendo a su origen los detritos. Treinta mil millones de pesetas se invierten en la operación y a pesar de ello todavía quedan tierras contaminadas que tardaran en recuperarse muchos años.

En el Juzgado de Sanlúcar la Mayor, cabeza de partido, se instruye proceso judicial en el que están imputadas 21 personas, entre ellas seis de Boliden, dos de Geocisa (responsables de la seguridad de la balsa), dos funcionarios de la Junta y otro del Instituto Geológico Minero según el informe de Greenpeace, que también menciona como causa de la rotura el mal cálculo de la resistencia del suelo sobre el que se construyó la instalación.

Cincuenta mil afectados piden justicia y que les expliquen por qué han visto su entorno súbitamente lleno de mierda. Pero han pasado los años y a la brillante juez Celia Belhadj se le ocurre, probablemente presa del Síndrome Navideño, archivar las diligencias porque no ve responsabilidad penal, ni hubo suficiente alarma social. La gente alucina creyendo que es una inocentada, fue el día 28 de diciembre, la prensa ataca y el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, anuncia que su Ministerio va a recurrir o por lo menos a buscar la vía civil.

La Junta de Andalucía, más lenta, reacciona también y Manuel Chaves ordena que el Ejecutivo autonómico recurra inmediatamente.

Hay quien cree que a la juez, con solo dos funcionarios a sus órdenes y sin ordenador en el Juzgado, se le estaba llenando el inodoro con doscientas mil toneladas de tierras contaminadas, una quiebra de la empresa, miles de millones perdidos, etcétera, y eso son muchos y muy malolientes montones de heces. Total: que ha decidido tirar de la cadena.