Matas mantiene que en el 'caso Aznalcóllar' hay "responsabilidad penal" y defiende su reapertura

La decisión de la juez instructora, Celia Belhadj-Ben, de archivar las diligencias abiertas tras el vertido tóxico que contaminó el entorno de Doñana el 25 de abril de 1998 fue censurada ayer por el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, quien tildó el auto de "mal precedente". "En el ministerio siempre se ha pensado que ha existido responsabilidad penal", afirmó Matas, quien anunció que su departamento agotará esta vía y que, por tanto, prepara un recurso para reabrir el caso Aznalcóllar. La Junta de Andalucía tan sólo manifestó su intención de recurrir a la vía civil para recuperar el dinero público gastado.

El auto difundido el pasado miércoles por la juez instructora da por cerradas las diligencias penales por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar al considerar que ni los técnicos de Boliden Apirsa, dueña de la explotación, ni los ingenieros de Intecsa y Geocisa (filiales de Dragados y Construcciones), que diseñaron los proyectos de construcción y ampliación de la presa que reventó, cometieron "imprudencia grave" en su cometido profesional, y por tanto, no fueron culpables de la catástrofe ecológica; una decisión que fue criticada ayer por el ministro de Medio Ambiente. "Es una mala noticia para todos porque todos los ciudadanos acabarán pagando esta negligencia", indicó Jaume Matas.El ministro realizó estas declaraciones cuando el gabinete jurídico de su departamento aún no había recibido el auto de archivo, pero Matas anticipó que el Ministerio recurrirá la decisión judicial para que "entre los ciudadanos no quede la sensación de impunidad ante la catástrofe ecológica". Además, anunció que Medio Ambiente se acogerá a la vía civil si se agota definitivamente la penal para encontrar "un responsable que afronte las consecuencias" del vertido tóxico; el gasto público realizado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía tras la rotura de la balsa minera ronda los 40.000 millones de pesetas.

Matas apuntó a Boliden Apirsa como supuesta "responsable" del desastre medioambiental, una afirmación que tuvo respuesta inmediata en la filial española de la multinacional Boliden Limited. "El auto habla en todo momento de un defecto en la construcción y en el proyecto de recrecimiento", replicó un portavoz de la empresa (en suspensión de pagos y con una deuda acumulada de 14.000 millones), quien recordó que ambos proyectos corrieron a cargo de Intecsa y Geocisa, filiales de Dragados y Construcciones.

El Ministerio de Medio Ambiente está personado en la causa al estar imputado un funcionario del Instituto Tecnológico Geominero Español, organismo que aprobó el proyecto realizado para avalar la ampliación de la balsa, en 1996. También está personada la Junta de Andalucía, ya que dos de sus funcionarios están también imputados por estar encargados de la supervisión de la actividad minera. El auto apenas hace referencia a estos tres funcionarios, que como los otros 23 imputados quedan libres de responsabilidad penal.

La reacción de la Junta de Andalucía ante el archivo de las diligencias penales fue más tibia. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, señaló que el Ejecutivo autonómico "piensa seriamente en recurrir a la vía civil" para recuperar el dinero gastado en limpiar y regenerar las tierras contaminadas, informa Jesús Arias. La Junta, que se gastó 10.000 millones en comprar y expropiar las fincas agrarias inundadas por el vertido de lodo tóxico y agua ácida, sería la principal beneficiada si un juzgado civil dictaminara el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Diferencias

El ex consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, y el ex consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, a los que el presidente autonómico, Manuel Chaves, mantuvo en sus cargos la pasada legislatura a pesar de las fuertes críticas de la oposición, volvieron a mostrar sus diferencias sobre el desastre medioambiental. Gutiérrez recordó que "venía diciendo desde hace mucho tiempo" que no existía responsabilidad penal en el caso. "La presa no se rompe porque alguien haya hecho algo para romperla, ni porque alguien no haya hecho nada para evitarlo", afirmó el ex consejero, quien abundó en los argumentos recogidos en el informe pericial: "La balsa se construyó con una técnica que hasta mucho tiempo después se consideraba correcta". Por el contrario, el ex consejero de Medio Ambiente tildó de "lamentable" el auto y lo consideró "una grandísima derrota" para el medio ambiente, informa Fernando Pérez Monguió. "Si un accidente de esta envergadura se sobresee sin ninguna repercusión para el posible responsable causante del mismo, es una muy mala noticia", lamentó Blanco.El archivo del caso también fue mal recibido por los ecologistas. Greenpeace, en un comunicado, afirmó que tanto Boliden Apirsa "que semanas antes del vertido aseguraba que sus instalaciones eran seguras" como la Junta y el Ministerio de Medio Ambiente deben "asumir su responsabilidad en una catástrofe cuyas secuelas tardarán años en desaparecer".