El juez Garzón reprocha a Fungairiño que pidiera la libertad para Pinochet

El juez Baltasar Garzón reprocha al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que reclamara insistentemente la libertad para el dictador chileno Augusto Pinochet, al que se acusaba de genocidio, terrorismo y torturas, y que en cambio se haya opuesto a la libertad bajo fianza de 1.000 millones de pesetas para el magnate ruso Vladímir Gusinski, al que se imputa un delito mucho menor, como es una estafa agravada. El magistrado afirma también que se debe ser leal a la ley y a la Constitución.Garzón no admitió a trámite el recurso presentado por Fungairiño por entender que se trata de otro recurso de reforma contra lo que ya era la resolución de un recurso de reforma. Dice Garzón que el fiscal jefe "pide un pronunciamiento contrario a la ley" y que lo que procede en este caso es el recurso de apelación, que debe ser resuelto por la Sala de lo Penal.

En cuanto al fondo de los argumentos del fiscal, Garzón rechaza que haya actuado con deslealtad hacia las autoridades rusas, como pretendía Fungairiño. "La lealtad a un país no es el argumento que deba decidir la situación de prisión o libertad de una persona, sino que dicha lealtad debe producirse respecto a la ley y a la Constitución", puntualiza la resolución.

Garzón añade: "No debe el señor fiscal hacer las afirmaciones tan arriesgadas que hace [acusarle de deslealtad] cuando en otro proceso de extradición de tanta gravedad como el del señor Augusto Pinochet no sólo aceptó el arresto domiciliario en el que se decidió mantenerlo por las autoridades británicas, a pesar de la orden de detención internacional y auto de prisión, sino que además recurrió el auto de prisión solicitando la libertad; o como en el mismo procedimiento ha recurrido el auto de prisión de Ricardo Cavallo, y, en ambos casos, se imputan hechos mucho más graves (genocidio, torturas y terrorismo) que en el caso actual, y en ninguno de éstos el Ministerio Fiscal ha acusado de deslealtad a España o a Gran Bretaña". La pena por los delitos de genocidio sería de 30 años de reclusión, mientras que por la estafa agravada correspondería una pena de seis años de prisión.

El magistrado critica que Fungairiño no valore todas las circunstancias del caso, sino solamente algunas, y dice que "cada asunto debe analizarse en sí mismo, con sus particulares circunstancias, y no abogar por una especie de decisiones estadísticas y globales, como si se tratara de baremos y no de personas. El señor fiscal sabe que tal actitud no sería acorde con la legalidad". Finalmente critica que Fungairiño no se fíe de la Guardia Civil para la vigilancia de Gusinski.