Los trabajadores denuncian una privatización encubierta de los teatros nacionales

Falta de voluntad, ambigüedad en las respuestas y privatización encubierta. Los trabajadores de los teatros públicos dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) acusaron ayer al Ministerio de Cultura de no querer tomar una clara determinación en el conflicto que estos trabajadores protagonizan y que, de momento, ha provocado paros parciales y la cancelación de varios espectáculos. Aunque ayer hubo un acercamiento entre ambas partes, la huelga se mantendrá indefinidamente hasta que no se acuerde una solución, dijo ayer el comité de huelga.

La solución, sin embargo, podría llegar hoy mismo a mediodía. O, al menos, a corto plazo. Ayer, en una reunión de última hora de los trabajadores con el secretario general del Inaem, Carlos de la Torre, y el sudirector general de Personal, Gabriel Beiga, la Administración confirmó su voluntad de proceder a la integración del personal del Inaem en el Convenio Único de los funcionarios públicos y de convocar una reunión extraodinaria de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (Civea), en la que están representados la Administración -ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas- y los sindicatos, para el día 8 de enero. Además, la Administración pide un plazo de quince días a partir de esta reunión para ofrecer un dictamen. El comité de huelga pidió ayer que la fecha se adelante al 4 de enero. Si es así, los teatros volverían a funcionar temporalmente.En una rueda de prensa ofrecida horas antes en el centro de Madrid, el comité de huelga se había mostrado firme en sus determinaciones. Ante las declaraciones anteayer del secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, en las que proponía un convenio exclusivo para los empleados del Inaem, los trabajadores fueron rotundos: "Las declaraciones de De Cuenca son muy claras, y hemos llegado a la conclusión de que todo esto es una excusa para mantenernos engañados. Detrás de todo están las evidentes intenciones de privatización". "De hecho", continuó explicando un portavoz de los técnicos de teatro, "ya sufrimos una semiprivatización, porque hay obras como El alcalde de Zalamea [aún no estrenada por los paros] o Muerte de un viajante [estrenada esta semana en Barcelona] que son coproducciones de las compañías públicas con empresas privadas, y se les da prioridad en detrimento de otras como Las maravillas de Cervantes, que se suspendió y que era una producción pública total".

Los huelguistas anunciaron que los paros seguirán como estaban previstos -excepto en las representaciones para niños del teatro de la Zarzuela- y denunciaron la "manipulación por parte del Inaem, que nos pone en contra del público".

"El Inaem", afirmó Pilar Lirios, del comité de huelga, "asegura que los paros se comunican media hora antes de que comiencen los espectáculos, cuando siempre avisamos con más de treinta horas de anticipación. Es la dirección y la gerencia de cada teatro las que nos reparten las hojas para firmar la adhesión a la huelga y las que deciden suspender el espectáculo 30 minutos antes".

"Sólo queremos que no se nos trate de forma discriminatoria respecto a otros trabajadores públicos. El Inaem firmó el pasado 4 de julio un acuerdo para incluirnos en el Convenio Único, y aún estamos esperando", justificaron.

Los paros han afectado, de momento, a espectáculos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (todavía no ha podido producirse el estreno de El alcalde de Zalamea, de Calderón), del teatro de la Zarzuela, del Centro Dramático Nacional y a varios conciertos de la Orquesta y Coro Nacionales de España, entre ellos el de Navidad, que el pasado sábado tuvo que suspenderse en el Auditorio Nacional de Música. El viernes pasado, los trabajadores de los teatros públicos del Inaem pidieron a la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, que medie en el conflicto, ante la "incapacidad" del director general del Inaem, Andrés Amorós, "para resolverlo". El origen de la huelga está en lo que los trabajadores consideran un "escandaloso incumplimiento" por parte del Inaem de sus compromisos.