La Diputación aprueba el plan general de Vitoria sin atender los vetos del Gobierno

La Diputación de Álava aprobó ayer el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vitoria sin tener en cuenta más que en una mínima parte el dictamen de la Comisión de Ordenación del Territorio (COT), dependiente del Gobierno vasco, que instaba a realizar un recorte sustancial de la expansión urbanística en diversos pueblos. El diputado de Urbanismo, Antonio Aguilar, defendió que la postura del Gobierno no es vinculante y que la Diputación, gobernada por el PP-UA, ha actuado bajo "criterios técnico jurídicos, no políticos"

El plan general de Vitoria fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, el pasado 3 de agosto, culminando un largo proceso de cinco años de tramitación. El documento que regirá el crecimiento de la ciudad en la próxima década fue apoyado por el equipo de gobierno PP-UA, que lo había impulsado, además del PSE y del PNV. El plan que sustituye al de 1986 se centra en la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda. Para ello prevé la construcción de 21.000 pisos, el 70% de ellos de protección oficial, en los polígonos de expansión de la ciudad, como son Salburua (este) y Zabalgana (oeste). El punto más polémico pasa, sin embargo, por la recalificación de terrenos en los pueblos del municipio para la construcción de nuevas casas. El PP incrementó de un millar a 6.400 número de inmuebles previsto en este ámbito rural por el equipo redactor. Las críticas de la oposición y de colectivos de agricultores, centradas en el triángulo Argandoña-Andollu-Villafranca, donde se reservaba suelo para cerca de 2.000 viviendas, hizo rectificar el equipo de Alfonso Alonso. Las zonas de crecimiento más destacadas eran finalmente Aretxabaleta y Gardelegi (2.190 pisos y chalets), Berrosteguieta (444), Elorriaga-Arkaute (328) y Miñano Mayor (252).

La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco cuestionó hace un mes la expansión en la zona rural y, especialmentem en Berrosteguieta (al sur) y Miñano Mayor (al norte), y pidió que que quedara en suspenso durante un año la decisión en estos dos últimos casos la espera del Plan Territorial para Álava central, pendiente de aprobación.

El diputado Antonio Aguilar indicó que, según un informe de los servicios jurídicos forales, la Comisión de Ordenación del Territorio parte de una interpretación "equivocada" y que su dictamen "no puede tener carácter vinculante". El dioputado general, Ramón Rabanera descartó por su parte que haya intenciones políticas tras el respaldo global al proyecto impulsado por el Ayuntamiento, gobernado también por el PP y UA.

Las modificaciones impuestas son pequeños recortes en cinco pueblos y alguno más sustancial en Berrosteguieta.

Fuentes del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno vasco señalaron que estudiarán el texto aprobado por el consejo de diputados alavés, pero que mantienen abierta la posibilidad de recurrirlo, tal y como advirtió su titular, Patxi Ormazabal, el mes pasado.