Los conservadores de Irán ocultan la trama de crímenes contra opositores

El juicio ha comenzado. El presidente de Irán, Mohamed Jatamí, ha cumplido su palabra de llevar ante los tribunales a los responsables de la oleada de asesinatos de intelectuales opuestos al régimen del otoño de 1998. Y eso a pesar de los vínculos de los presuntos criminales con las estructuras del poder. Una novedad en Irán y en todo Oriente Próximo. Sin embargo, los sectores más conservadores tratan de impedir que el proceso saque a la luz la existencia de escuadrones de la muerte para silenciar a la oposición.

Todo empezó en noviembre de 1998, cuando el opositor laico Dario Foruhar y su esposa, Parvaneh, fueron acuchillados hasta la muerte en su domicilio de la capital iraní, a pesar de la estrecha vigilancia policial a la que estaban sometidos. Pocas semanas más tarde eran asesinados los escritores liberales Mohamed Mojtar y Mohamed Yafar Puyandeh. Por las mismas fechas hubo al menos otra muerte y una desaparición de características similares, pero no han sido incluidos en el sumario. Investigaciones periodísticas elevan las víctimas a 80 desde 10 años antes. En enero de 1999, y ante la sorpresa interna e internacional, los servicios secretos reconocían la implicación de sus propios agentes en esos cuatro "crímenes odiosos" y, un mes más tarde, dimitía el ministro responsable, Qorbanalí Dorri Nayafabadí. Los reformistas creyeron que había llegado el momento de limpiar las cloacas del poder. Jatamí cumplía con la promesa que le había llevado al Gobierno en mayo de 1997: instaurar el Estado de derecho.

El poder necesario

Los acontecimientos ocurridos desde entonces demuestran que el presidente reformista no dispone del poder necesario. Para empezar, el principal encausado, Said Emami, se suicidó en la cárcel poco después de su detención el año pasado. Ahora, el juicio, que se inició el pasado sábado, está en manos de un tribunal militar, dado que algunos de los 18 acusados eran miembros de los servicios secretos. El juez ha decidido que el proceso se desarrolle a puerta cerrada, "porque las audiencias abiertas al público pueden dañar la seguridad nacional y poner en peligro el orden público". En consecuencia, los familiares y abogados de las víctimas han decidido boicotear el juicio. La tercera sesión está convocada para el próximo sábado.

Pero la mayor presión en contra de la transparencia del proceso se produjo antes de que empezara con el encarcelamiento de Akbar Ganyi. Este periodista, que ha investigado los asesinatos, asegura que los acusados sólo eran peones, y apunta más arriba. Ganyi ha responsabilizado a dos ex jefes de los servicios secretos y a un alto cargo judicial. El Poder Judicial ha amenazado a cualquiera que haga revelaciones "no autorizadas" sobre el caso. El abogado de dos de las víctimas ya ha corrido esa suerte por afirmar que sus clientes murieron bajo la ejecución de sendas fatwas dictadas por clérigos conservadores. Los iraníes se muestran escépticos sobre el resultado de este juicio que acaba de comenzar.