Contra el terrorismo, diálogo

El terrorismo tiene un doble efecto negativo: el primero, las vidas que destruye, el sufrimiento, la reacción social de rabia o de miedo; el segundo, el deterioro de la vida política hasta extremos incomprensibles para la ciudadanía.Los centenares de miles de personas que se han manifestado por la paz y contra ETA en Catalunya se deben preguntar cómo es posible que en cuestiones tan básicas, tan de principios, como el asesinato y la violencia, las fuerzas políticas democráticas no seamos capaces de encontrar un denominador común, unos mínimos a partir de los cuales hacer frente a la ola terrorista que estamos padeciendo. Cómo es posible que en momentos más dramáticos incluso, durante la transición o los años ochenta, el consenso fuese la norma básica de actuación y ahora esto sea imposible.

Los partidos, los que tienen responsabilidades de gobierno en primer lugar, pero todos en general, tenemos el deber de ofrecer una perspectiva de futuro esperanzadora.

La paradoja del llamado pacto "por las libertades y contra el terrorismo", firmado por el PP y el PSOE, es que, por la exclusión del resto de fuerzas políticas, tira por los suelos dos de sus objetivos declarados: sacar el terrorismo de la confrontación política y movilizar a la ciudadanía. Este acuerdo no sólo no aporta nada nuevo, sino que cristaliza la división entre las fuerzas democráticas, crea crispación. Y confunde a la ciudadanía, especialmente a la del País Vasco.

El problema es que, a pesar de la retórica que unos y otros utilizan, el objetivo fundamental y real, en estos momentos, no es exclusivamente aislar el terrorismo. Las estrategias de las diferentes fuerzas políticas están demasiado condicionadas por la debilidad del Gobierno Ibarretxe y la perspectiva de unas elecciones autonómicas. El PP ha ligado irresponsablemente la lucha antiterrorista a la derrota política del nacionalismo democrático, hasta el extremo de criminalizar los proyectos que legítimamente quieren superar el marco constitucional y estatutario. El PSOE ha conseguido con el pacto que el PP no monopolice la lucha antiterrorista y, por otra parte, evitar que el terrorismo le tape la oposición al Gobierno en otros temas; a cambio, ha aceptado la lógica del PP de confrontación contra el nacionalismo democrático. El PNV se encuentra sin política, Ibarretxe reconoce que Lizarra está muerto, pero se niega a convocar las elecciones y no ofrece ninguna alternativa al callejón sin salida en el que se encuentra Euskadi. Las últimas declaraciones, irresponsables y xenófobas, de Arzalluz indican que los puentes con Euskal Herritarrok no están del todo rotos. La actual dirección del PNV piensa más en reeditar una nueva mayoría nacionalista y en arrebatar a EH una parte del electorado que puede perder como consecuencia de los atentados que en el aislamiento de los que apoyan a ETA. La consigna del PP, del PSOE y del PNV es "no nos moverán", para llegar en las mejores condiciones posibles a la contienda electoral.

Hay que recordar que el momento más difícil de ETA fue a principios de los noventa, gracias a una acción policial efectiva, pero especialmente gracias al aislamiento político al que sometió a ETA Ajuria Enea. La polarización frustra la condición básica para hacer frente al terrorismo: la unidad de las fuerzas democráticas y el consenso en la política antiterrorista.

Todas las encuestas hechas en Euskadi indican un empate entre los mal llamados bloques "constitucionalista" y "nacionalista". La pregunta es si se puede gobernar Euskadi desde uno de los bloques. La experiencia reciente indica que no. Dar continuidad a esta situación de frentes puede crear una división social muy peligrosa para el futuro de ese país. Para superar esta situación sólo hay una alternativa: un gobierno de amplia mayoría, después de unas inevitables elecciones, que responda al grueso central y mayoritario de la sociedad vasca.

Independientemente de la celebración o no de elecciones, hay que recuperar el espíritu y la letra del pacto de Ajuria Enea e, incluso, de la tan reivindicada transición, para sacar a ETA del escenario político y reducir la base social que, por activa o por pasiva, la apoya. Un nuevo marco de diálogo y de unidad democrática que ponga fin a la polarización. Para empezar, las fuerzas políticas deberían hacer gestos de distensión, buscar los mínimos comunes y abandonar cualquier pretensión de sacar ventaja política del terrorismo.

El PNV y EA tienen la responsabilidad de decir a ETA y a su entorno que con la violencia es imposible ni siquiera plantearse proceso político alguno, que no hay diálogo posible mediatizado por las armas y que el Estatuto y la Constitución son, hoy por hoy, un marco de encuentro, no inamovible pero sí legítimo. El PP y el PSOE deben abandonar la actitud de intransigencia que se desprende al situar el Pacto antiterrorista como un texto invariable y como el único posible punto de encuentro. La petición de modificaciones sobre el acuerdo realizada por los agentes sociales, o el espíritu que perdura entre la sociedad catalana a la hora de exigir diálogo, gestos y mayor transigencia exigen de las principales fuerzas políticas a nivel estatal un acto de responsabilidad, superando de una vez el acuerdo que han firmado.

La única división posible es entre los que apoyan la violencia y los que la rechazamos, con independencia de los proyectos políticos de cada partido, que nadie tiene la exclusiva de la defensa de los valores democráticos y que, una vez se haya puesto fin al terrorismo, habrá que dialogar, siempre a través de los representantes legítimos de la voluntad popular, con los que decidan abandonar la violencia para incorporar al juego político democrático normalizado una parte minoritaria pero significativa de la sociedad vasca. Estos principios no son ninguna novedad, forman parte del Pacto de Ajuria Enea, acordados por todas las fuerzas políticas vascas, excepto HB, en 1987.

Por todo ello, una vez más, hacemos un llamamiento al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que inicien el diálogo institucional como primer paso para convocar a las fuerzas políticas vascas y del conjunto del Estado, los partidos que firmaron el pacto de Madrid, a un diálogo que haga efectiva la lucha por la paz y dé esperanzas a la sociedad.

Joan Saura es diputado en el Congreso y presidente de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V).