El interés de los españoles

El Consejo de Niza ha abierto un debate entre la oposición y el Gobierno sobre si éste consiguió o no aumentar su poder de decisión en los consejos comunitarios. La discusión se ha centrado en el avance o retroceso en la capacidad de decisión, pero ambas partes dan por supuesto que lo mejor para el interés de los españoles es que los gobiernos españoles tengan más peso en dichos consejos. Y este supuesto es discutible. Con toda seguridad, al Gobierno le interesa tener más poder de decisión, pero ese interés no coincide siempre con el de los españoles. Depende de lo que el Gobierno español defienda en los consejos correspondientes.Hemos tenido ocasión de comprobarlo el pasado viernes, en el consejo comunitario, que tenía en su agenda una propuesta para avanzar en la liberalización de la economía europea, concretamente en la liberalización del sector de correos. Ahí hemos visto cómo el Gobierno español, junto a otros países, se opuso, lamentablemente con éxito, a las propuestas de Suecia, Holanda y Alemania de introducir competencia en la actividad postal y liberalizar este sector lo más rápidamente posible.

Las propuestas respaldadas por Suecia, Holanda y Alemania eran favorables al interés de los españoles, porque la competencia aumenta la eficiencia de la economía, la tasa de crecimiento del PIB y del empleo. Además, como muestran esos países del Norte, al ser mas ricos por contar con una economía más flexible, el Estado dispone de más ingresos para mantener unos niveles de investigación, educación y protección social muy superiores a los españoles. Con más competencia se puede ser más rico y más solidario. Sin embargo, el Gobierno español se opuso a esa propuesta liberalizadora y defendió el retraso en la introducción de competencia en la actividad postal.

La política de retrasar las liberalizaciones puede ser del interés del Gobierno, si su objetivo es tener los menos problemas posibles. Las liberalizaciones suelen exigir ajustes y traen problemas con las empresas y trabajadores del sector que se liberaliza. Pero la mejor política no es la de retrasar esos problemas, sino la de avanzar rápidamente en la liberalización y ayudar solidariamente a los que sufren algún coste por las mismas. La política de aplazar las liberalizaciones no sirve nunca para nada porque, además de perder los aumentos de eficiencia, el Gobierno actual, o el que le suceda, volverá a encontrarse con los mismos problemas más tarde. Con la política de resistirse a las liberalizaciones, los españoles seguiremos teniendo más inflación y menos crecimiento y, además, perdemos el tiempo.

Ya tenemos suficientes experiencias para saber que esa política de retrasar las liberalizaciones en los consejos europeos no sirve a los intereses españoles. Un ejemplo es la liberalización de las telecomunicaciones, en la que España ha ido siempre con retraso. El Gobierno socialista tardó en iniciar la liberalización, y el Gobierno actual ha esperado hasta el último año de la legislatura para conceder una licencia de móviles adicional a las que concedió el Gobierno socialista y, como estamos viendo esta misma semana, ha esperado a liberalizar hasta tres días antes de que acabara el plazo que nos dio Bruselas para introducir competencia en las llamadas locales. Hoy nadie discute los magníficos beneficios de la liberalización de las telecomunicaciones y lo único que hay que lamentar es que, como consecuencia de los retrasos en las medidas, también nos están llegando más tarde que a otros países las rebajas de precios, los nuevos servicios o la extensión de las nuevas tecnologías.

Si el Gobierno español optara por el modelo de política económica de quienes gobiernan en Suecia, Holanda y Alemania y apostara claramente por una mayor competencia y liberalización y por una mayor solidaridad social -¿es esto el socialismo liberal?-, estaría claro que sería bueno que aumentara su poder de decisión en los consejos europeos. Pero mientras dedique sus esfuerzos a retrasar la introducción de competencia, como acaba de hacer frenando la liberalización del sector postal, sería mejor que gobiernos como el sueco o el holandés tuvieran más peso en Europa que el español porque así nos obligarían a liberalizar, y esto, sin duda, es del interés de todos los españoles.