El PP se autoexculpa del brote de 'legionella' pese a admitir que no se conoce su origen

El Partido Popular zanjó ayer la comisión de investigación sobre el brote de legionella de Alcoy creada en las Cortes Valencianas con un dictamen que da por buena la actuación de la Generalitat y que considera cerrado el asunto pese a reconocer que no se ha identificado el origen concreto de una epidemia que ha afectado a cerca de 150 personas y se ha llevado por delante al menos cinco vidas en los últimos 15 meses. Los grupos de la oposición, que decidieron ausentarse de la comisión el primer día, al considerar que no ofrecía garantías de imparcialidad, y que tampoco asistieron ayer a la última reunión, calificaron el dictamen de "panfleto de oposición a la oposición y a los medios de comunicación".

El dictamen aprobado ayer con los solos votos de los ocho miembros del PP integrantes de la comisión especial de investigación establece que "no cabe atribuir ningún tipo de responsabilidad política" a las autoridades sanitarias del Consell, cuya actuación ante este problema de salud pública fue "correcta y adecuada", resta importancia a la gravedad de la enfermedad, resalta la "complejidad" que entraña el afrontarla y vincula la proliferación de casos a las nuevas técnicas de diagnóstico. Además de criticar la ausencia de los grupos de la oposición, asunto al que dedica varias páginas, el dictamen arremete contra "algunos" medios de comunicación que han sido "parasitados" por aquellos. El PP avisa además de que la "actitud abandonista" de la oposición "sienta un precedente que necesariamente ha de gravitar sobre la posible constitución en estas Cortes en el futuro de nuevas comisiones de investigación, en cuyo planteamiento deberá de modo ineludible valorarse la relación de riesgo/beneficio entre la creación de la comisión de que se trate y las negativas consecuencias que tendría el volver a vivir situaciones tan inadecuadas y nocivas para la institución".Los portavoces del Grupo Socialista-Progresistas y de Esquerra Unida, Joaquim Puig y Joan Ribó, respectivamente, criticaron el dictamen emitido por la "comisión trampa" en la que sólo han participado los populares. La comisión, señalaron, ha generado una "montaña de incertidumbre sobre cómo se resuelven los problemas de salud pública" y ha finalizado sus trabajos con un "panfleto" en el que no se explica que "algo ha fallado" en la actuación de la Administración porque "no se quería llegar al fondo" del asunto.

La comisión "ha concluido con el resultado pre-escrito que había antes de comenzar", dijo Puig, quien criticó que la "máxima autoridad" que se cita en el dictamen final elaborado por los populares sea el ex alcalde socialista de Alcoy Josep Sanus, a cuya comparecencia que se le da la "mayor importancia" mientras no se menciona la del consejero de Sanidad, Serafín Castellano.

Puig acusó al PP de "desnaturalizar" la comisión para "decir que el Gobierno lo hizo todo bien en la erradicación de la legionella en Alcoy" y afirmó que, a la vista del resultado, el abandono de la comisión por parte de los grupos de la oposición estaba justificado: "No teníamos garantías de que se investigara nada", dijo, "para este paripé no hacía falta una comisión de investigación". Según Puig, el PP, "con la interlocución de los grupos parlamentarios" de la oposición, "ha intentado confrontar a la Cámara con la sociedad civil". El portavoz socialista criticó que el dictamen final no incluya "ni una sola conclusión en positivo ni ninguna propuesta" y reiteró su acusación de que el Consell ha hecho "una ocultación manifiesta de datos" en torno al brote.

Por su parte, el portavoz de EU criticó que el dictamen "haya echado las culpas a los medios de comunicación por crear una legionella mediática" cuando, según dijo, "si no hubiera sido por las informaciones surgidas continuaríamos teniendo legionella pero de verdad". "Objetivamente, alguna cosa ha fallado en el caso de Alcoy, pero esta comisión no lo ha explicado", afirmó Ribó, quien acusó al Gobierno valenciano de pretender hacer de la legionella "una cosa menor que pasara desapercibida" y de "faltar estrepitosamente a la verdad".

Los socialistas hicieron público un documento en el que cuestionan cada una de las conclusiones del dictamen y concluyen que existió una "falta de dirección técnica y política" por parte de la Generalitat, que "evidencia que las actuaciones no han sido ni correctas ni adecuadas" y que "existen claras responsabilidades políticas que exigirían la dimisión de los consejeros de Sanidad y Medio Ambiente".