El Tribunal Superior vasco se niega a dejar su sede para un homenaje al Foro Ermua

El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) denegó ayer la petición realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de que prestara sus dependencias para la entrega el próximo 23 de enero del Premio Carmen Tagle, instituido por la Asociación Nacional de Fiscales, al Foro Ermua. La Sala cree que la cesión no sería bien interpretada por "muchos sectores de la sociedad" en el actual clima político, que entenderían que el Poder Judicial "ha desatendido sus deberes de apoliticidad e independencia".

La decisión fue adoptada ayer por siete votos frente a cinco durante el pleno convocado por el presidente de la Sala, Manuel María Zorrilla, tras recibir -según aseguró- diversas presiones para evitar que el acto se desarrollara en el Palacio de Justicia de Bilbao. Rechazó así la petición elevada por el CGPJ, cuyo presidente, Javier Delgado Barrio, había previsto inicialmente protagonizar la entrega del premio en Madrid. Pero el órgano de gobierno de los jueces tuvo que buscar una solución alternativa al percatarse de que la ceremonia coincidía con la celebración de un pleno en Mallorca y realizó la solicitud al TSJPV.La negativa siembra el desconcierto poco después de que la consejería vasca de Justicia se situara en el centro de una polémica. Fue cuando su director de Derechos Humanos y de Cooperación con la Justicia, Juan José Martínez Leunda, asistió a la manifestación en favor de la desobediencia civil, convocada entre otros por EH y Eusko Alkartasuna, partido al que pertenece el titular del departamento Sabin Intxaurraga.

La sala de gobierno del TSJPV basó fundamentalmente su decisión en la actual situación sociopolítica que se vive en el País Vasco. "El uso de las dependencias judiciales para llevar a cabo la entrega del premio referido se calificaría de inmediato (...) como el resultado de una actitud politizada del Poder Judicial, atribuyéndosele una adscripción o preferencia que dañaría -notoria y gravemente- los valores de su objetividad", afirmó.

La Sala entiende que muchos sectores de la sociedad "no acertarían a separar el acto proyectado, de una intencionalidad y significación políticas, a las que, por circunstancias de su celebración, se vería asociado (...) el Poder Judicial en el País Vasco". Y concluye su argumentación con una frase bien elocuente: "Su crédito quedaría mermado por un acontecimiento que, de darse en otro lugar y en otro tiempo, evitaría ese peligro, cumpliría satisfactoriamente sus finalidades, impediría actitudes colectivas de censura y obstaría a otros efectos secundarios". La Sala considera así que la mejor solución radica en cambiar el emplazamiento para la celebración del acto.

El premio Carmen Tagle -fiscal de la Audiencia Nacional asesinada por ETA- fue instituido por al Asociación Nacional de Fiscales. El jurado, integrado por el presidente del CGPJ, el Fiscal General del Estado, el presidente del Consejo General de la Abogacía y el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, falló en favor del Foro Ermua, destacado por "su defensa de la libertad frente a ETA".

La decisión provocó ayer un profundo malestar entre miembros de la judicatura y levantó todo tipo de suspicacias. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Euskadi, Antonio García, que votó a favor de prestar las instalaciones, criticó con dureza la postura adoptada. "No aprecio impedimiento jurídico alguno para que dicha autorización se deniegue", dijo.

Y fue aún más allá: "Si la negativa se produce en el ejercicio de una facultad discrecional, sigo considerando la decisión desacertada; en primer lugar, porque se trata de un premio que concede la Asociación Nacional de Fiscales a un colectivo ciudadano caracterizado en su actuación por la defensa de la libertad y los derechos fundamentales más elementales y por el respeto más absoluto del marco constitucional y estatutario". Por eso se posicionó a favor de la cesión de las dependencias del TSJPV, junto a otros cuatro compañeros de la Sala que anunciaron su propósito de emitir un voto disidente. Otros miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura votaron en contra.

García se mostró convencido de que lo que "motiva la denegación de la autorización del uso de la sede, más que la naturaleza del premio en sí, que no lo parece, es que el mismo lo reciba el Foro Ermua". Y afirmó a título personal que no encuentra justificación a esta postura, máxime si se tiene en cuenta que este mismo premio ha sido entregado en ocasiones precedentes en las instalaciones del CGPJ y, además, por su propio presidente. "En mi opinión, la cesión de la sede no compromete ni pone en tela de juicio de forma alguna la independencia de la Judicatura como poder del Estado", dijo.