San Sebastián planea construir 5.121 viviendas de protección oficial en los próximos cinco años

El Ayuntamiento de San Sebastián ha diseñado un plan de choque para atajar de raíz la problemática de la vivienda, uno de sus principales males endémicos. La propuesta contempla la construcción de 5.121 viviendas protegidas en un plazo de cinco años, de las que 1.341 serán en régimen de alquiler. Este último programa costará al consistorio 17.000 millones de pesetas y le supondrá un déficit anual de 250 millones si las promociones se acogen a las líneas de crédito subvencionado del Gobierno vasco. Por eso, desde el Ayuntamiento se pidió ayer su implicación.

Derecho de superficie

El alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Jorge Letamendía, presentaron ayer este plan global que nace con la vocación de responder a las necesidades de quienes no pueden acceder a las viviendas libres y que trata, al mismo tiempo, de incidir a la baja en el propio precio del metro cuadrado, uno de los más caros del mercado español. La iniciativa, que se plantea para un plazo de cinco años, contempla la construcción de 5.121 viviendas de protección oficial, de un total de 11.038 potenciales que se podrían construir, según el planeamiento actual de la ciudad. Se trata de nuevas promociones -algunas de ellas ya anunciadas- que se localizarán en los polígonos de Auditz- Akular, Riberas de Loyola, Morlans, Pagola o Contadores. De esta forma, algunas de estas zonas, se convertirán en barrios mixtos de viviendas libres y de protección oficial, tanto en venta como en alquiler.

En concreto el programa establece la realización de 3.780 para su venta a través del sistema de derecho de superficie y 1.341 destinadas al arrendamiento. De estos últimos 470 tendrán la consideración de pisos sociales, por los que los inquilinos deberán pagar entre 19.000 y 28.000 pesetas al mes y los restantes, de protección convencional, con rentas que oscilarían entre las 46.000 y las 64.000 pesetas, en función de los créditos que se obtengan. El plan, que se explicó ayer a los diferentes grupos municipales durante la reunión del Patronato, ha sido remitido al consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno Vasco, Patxi Ormazabal. El propósito que se persigue desde el Ayuntamiento es lograr que el Ejecutivo se implique en esta iniciativa y acoja las promociones dentro de las líneas de subvención directa y subsidiación de créditos que el Ejecutivo tiene concertados para el alquiler con las entidades. Porque el programa completo de viviendas de alquiler situará al Ayuntamiento, según Elorza, en un endeudamiento de 17.000 millones de pesetas y le supondrá un déficit anual de 250 millones. Eso, si el Gobierno vasco accede a participar en la iniciativa. En caso contrario, si no se logra esta vía de financiación, el consistorio donostiarra tendría que hacer frente a 900 millones de déficit al año.

La llamada dirigida al Gobierno vasco fue doble. Letamendía también reclamó al Ejecutivo que active los suelos que posee y se comprometió a asumir la promoción de viviendas en alquiler en estos terrenos. Tanto el concejal, como el alcalde, destacaron la importancia de este programa para facilitar el acceso a la vivienda. "Nunca hasta ahora", dijo Elorza, "se ha formulado un plan tan concreto, tan al detalle, tan ambicioso".

Por eso, ha transmitido a los grupos de la oposición el contenido del programa para su debate, con la intención de alcanzar el consenso. "Queremos pactar y llegar a un acuerdo con modificaciones", señaló, para hacer realidad la construcción de estos 5.121 pisos en los próximos años. En todo caso, el alcalde manifestó que su partido "seguiría adelante con el plan", aunque no se alcanzara ningún acuerdo.

La promoción de viviendas de protección es el principal programa con el que el Ayuntamiento de San Sebastián trata de dar respuesta a esta problemática. Pero no es el único. Hace ya algún tiempo instauró el plan Alokabide, una iniciativa con la que se favorece el alquiler de pisos desocupados.

Ahora, a lo largo de este mandato, se plantea además, destinar parcelas de equipamiento público para solventar el alojamiento de colectivos concretos. De esta forma, el plan global presentado ayer contempla la creación de tres residencias para la tercera edad con capacidad para 380 personas, la construcción de dos edificios con 140 apartamentos tutelados para mayores de 65 años y la promoción de 200 apartamentos de alquiler para jóvenes.