Empresarios y antiguos colaboradores de Gil declaran por el coste de la estatua rusa

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Antonio Ruiz Villén, que investiga un supuesto delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental en la adquisición, por parte del Ayuntamiento, de una estatua rusa, tomó ayer declaración como imputados a antiguos colaboradores del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios afines a él. Entre ellos el que fue el brazo derecho de Jesús Gil durante más de 20 años, José Luis Jiménez, anterior gerente de Contratas 2.000. La acusación particular, que ejerce el PSOE, sostiene que el Ayuntamiento pagó 141 millones de pesetas al escultor ruso Zubrab Tsereteli por la estatua denominada La Victoria, instalada en Puerto Banús, y que según Jesús Gil fue un regalo del Ayuntamiento de Moscú. En un escrito remitido al juez, Jesús Gil aseguró que no ha cometido ningún delito, y culpó a su antiguo abogado, José Luis Sierra, de no aportar un documento en el que "constaba que el Ayuntamiento pagaba la cantidad de un millón de dólares por los gastos de desmontaje, transporte e instalación de la estatua", lo que se contradice con anteriores declaraciones en las que cifró estos gastos en 32 millones de pesetas.

Jiménez, que se negó a responder a la acusación, insistió en que son la Intervención y la Delegación de Hacienda las que deciden a quién hay que pagar. El abogado del consejero de la constructora Emasa, Tomás Olivo, pidió que se levante la imputación a su cliente al que calificó de "víctima", y aseguró que sólo se limitó a aceptar un endoso para reducir los 5.000 millones de pesetas que le debía el consistorio.