La Junta de Extremadura planea evaluar a los alumnos que han estado sin escolarizar este curso

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura planea someter a los alumnos de los pueblos extremeños que en los últimos días se han incorporado a las aulas, después de tres meses sin recibir clases oficiales, a una prueba para comprobar el déficit que pueden sufrir en sus estudios en relación con los niños que iniciaron el curso el pasado 13 de septiembre. Así lo ha asegurado a este periódico el secretario de la Coordinadora de Padres y Ciudadanos del Medio Rural No al Traslado de Niños, José Blanco, organización que coincide con esta necesidad, al igual que los profesores.

"Hay que evaluar si los niños, que han venido recibiendo clases particulares, tienen algún tipo de déficit en relación con el resto de los alumnos, y, a partir de los resultados, se estudiarán otras medidas como clases de recuperación", señala José Blanco, que añade que está previsto que la evaluación se realice antes de las vacaciones de Navidad.El conflicto escolar se remonta en Extremadura al día 13 del pasado mes de septiembre, cuando los padres de unos 4.000 niños de educación infantil, primaria y secundaria, pertenecientes a 18 pueblos, decidieron que sus hijos no acudieran a las aulas, agrupándose en la Coordinadora de Padres y Ciudadanos del Medio Rural No al Traslado de Niños, que reivindicó la construcción de nuevos centros de educación secundaria.

La Junta de Extremadura trasladó parte de la responsabilidad en el conflicto a la gestión heredada del Partido Popular al producirse las transferencias educativas y afirmó que los pueblos pedían nuevos centros pese a no contar ninguno de ellos con el alumnado suficiente para tal creación.

"Creo que ha merecido la pena el esfuerzo que hemos realizado", asegura José Blanco, recordando que, por parte de la Junta, existe el compromiso de apertura de la red de centros, y que, si se produjera, quedaría claro que se equivocaron en la ratio. Al pueblo de Zahínos, por ejemplo, se le exigía 240 alumnos, una ratio superior a la que marca la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE): 30 alumnos por curso en cuatro cursos. "Así, algunos pueblos pueden tener un centro, aunque también somos conscientes de que no todos. Pero ya sería importante que 2.000 o 3.000 niños no tuvieran que salir todos los días a la carretera, con las ventajas que ello tendría además para los pueblos, que no perderían población", explica Blanco.

La polémica, que alcanzó por momentos gran beligerancia, con padres y Junta claramente enfrentados y no dispuestos a ceder en sus objetivos, ha ido diluyéndose poco a poco. Atrás quedan instantes de gran tensión con manifestaciones ante la Asamblea, encierros en los ayuntamientos y colegios y con la oposición y el Gobierno enfrascados en una lucha política con la enseñanza por medio. El asunto se llegó a trasladar a los tribunales. La Junta puso en conocimiento de la fiscalía la inasistencia a clase de los niños y el fiscal jefe del Tribunal Superior, Jorge Sena, expuso que existían "grandes dudas" a la hora de tipificar como delito la actitud de los padres. Rodríguez Ibarra respondió entonces retirando el escrito y manifestando que el fiscal jefe no le ofrecía "ninguna confianza".

En medio de todo el conflicto, las críticas más fuertes se dirigieron contra el consejero de Educación, Luis Millán Vázquez de Miguel, un político procedente de la universidad, que no ha sido capaz de controlar la situación cuando las reivindicaciones acabaron provocando movilizaciones callejeras. Ya le ocurrió algo parecido a este consejero con la ampliación de las titulaciones universitarias.

Y sólo unos días antes de que los niños vayan a recibir las vacaciones navideñas, se han incorporado los alumnos de pueblos como Ribera del Fresno o Zahínos, pero una localidad mantiene su actitud de no ceder: Monterrubio de la Serena. Los niños que continúan sin asistir a clase son 210 y sus padres ponen una condición: quieren recibir un trato similar al de los otros pueblos y que los reciba personalmente el consejero de Educación de la Junta de Extremadura.