A la huelga

Por segunda vez, desde que el PP está en el gobierno, los empleados públicos se le cabrearon. Y es que el poder adquisitivo hace aguas por todas partes y ya han perdido hasta un 14%, desde el 1992. Una Administración eufórica y autocomplaciente ha metido el cazo. El IPC es una pájara pinta de altos vuelos que se le ha subido muy por arriba de sus previsiones y ahora las cuentas no le salen. Sólo faltaba ese 0´3% de incremento en el mes de noviembre y en plena movilización para encender los ánimos. Claro que los ánimos funcionariales son unos ánimos poco incendiarios, aunque sistemáticamente les rebañen los bolsillos, año tras año. Después de la huelga, llega la aritmética y la batalla de los porcentajes, que es donde suelen disolverse los más nobles impulsos. La Generalitat saca el cartel de las rebajas, y las organizaciones sindicales se muestran satisfechas de los resultados. Cada uno bebe en su fuente y no hay dos fuentes iguales, ni dos varas de medir. Hombre, dándole a la hipérbole es cierto que ha habido servicios mínimos más nutridos que los ordinarios; y las estratagemas, para que no se les vea el rubor, abundan y se despliegan con una desfachatez de filibustero.Por su parte, en la función pública hay un catálogo sindical muy variado. Y eso cuenta a la hora de las movilizaciones. Todos han firmado la convocatoria, pero algunos van a su aire y con demasiadas cautelas, a la hora de la verdad. La verdad son cuatro cosas: revisión salarial -no al 2% del Gobierno-; romper la tasa de reposición; exigir, como todos los trabajadores, la negociación colectiva; y combatir la precariedad laboral, con una temporalidad que supera el 32%. Con una tasa tan desmesurada, el Gobierno carece de fuerza moral y de argumentos para pedirle a la empresa mejores condiciones y más trabajo estable. Y así nos va el pelo. Con tan escasos escrúpulos, se juega con miles de trabajadores de las diversas administraciones y de la iniciativa privada: con la eventualidad pendiente sobre una nómina fungible al menor gesto sospechoso o incómodo.

Los que tienen la conciencia clara, saben que las reivindicaciones más urgentes son las tres últimas, porque posibilitan la primera y garantizan el empleo y unas mejores condiciones de trabajo a cuantos andan angustiados en la inquietante temporalidad. Los que disfrutan de un bolsillo ávido y nada solidario se preocupan muy particularmente de que la cláusula de revisión salarial contemple el aumento de esa tasa de inflación interanual que se ha disparado hasta el 4%. Y es que, aunque se insiste en que han desaparecido las clases, entre los empleados públicos aún las hay y cómo.

En esta huelga y en nuestra Comunidad, la participación, ha sido muy irregular por sectores, comarcas y ciudades. El seguimiento, considerable en Alicante y Valencia, y escaso en Castellón. En Alicante, se concentraron en la plaza de la Montañeta entre 3.500 y 4.000 funcionarios que es un número nada desdeñable; en Valencia, 3.000; y en Castellón, 500. La estimación de los sindicatos convocantes es de entre el 60 al 65%; mientras que la Generalitat, cifra la incidencia en un 14%. Pero ni uno ni otro porcentaje tienen relevancia, si la Generalitat, que también está para eso y para eso cobra de todos los contribuyentes, incluyendo a los funcionarios, no asume sus responsabilidades, ni atiende las demandas, ni se apresura al diálogo.

Y un sesgo significativo: en Alicante, los concentrados, sin más autorización que la de su soberana voluntad, se transformaron en manifestantes y se plantaron ante la Diputación Provincial, donde se celebraba un pleno, y tras un forcejeo con la policía, tomaron los jardines, y gritaron_ "Que baje el gordo, que baje el gordo". Lo que no quedó muy claro es si se referían al gordo de Julio de España o al gordo de Navidad.

Ahora, a hacer guantes y a prepararse para un posible nuevo asalto. En este país ya se sabe que todo niño siempre nace con una instancia para la Administración que sea debajo del brazo. Que tomen buena nota.