La oposición censura a Sanz por su actuación sobre Bardenas
El Parlamento de Navarra considera una "amenaza institucional" una "ofensa a la sociedad navarra" y un "desprecio a las instituciones y al autogobierno foral" la decisión del Consejo de Ministros de declarar el polígono de tiro de Bardenas Reales como zona de interés para la defensa nacional. Todos los partidos de la oposición acusaron ayer al presidente Miguel Sanz de haber "engañado" al Parlamento al no cumplir su promesa de "ponerse a la cabeza" del movimiento para conseguir el desmantelamiento del único campo de bombardeo aéreo español en activo y acusaron al Ejecutivo de "estar de acuerdo" en la continuidad del polígono y ser "cómplice" de los intentos del Ejército del Aire de soslayar la voluntad de Navarra y seguir bombardeando en Bardenas. La soledad política de UPN en todos aquellos aspectos ajenos a los meros acuerdos presupuestarios alcanzados con el PSN se puso nuevamente de manifiesto en la Comisión de Régimen Local. La mayoría parlamentaria considera que el Gobierno ha antepuesto los intereses del Ministerio de Defensa y del Gobierno de Aznar a la voluntad mayoritaria de la sociedad navarra y de sus instituciones en la cuestión de Bardenas. Los partidos censuraron la actitud de UPN al tiempo que conocían un estudio elaborado por la empresa pamplonesa Taller de Sociología el pasado mes de noviembre, por encargo de la plataforma Bardenas desarmadas, según el cual el 74,5% de los navarros está en contra de renovar el contrato con Defensa.
Sin valoración
La comparecencia de Sanz pretendía conocer su opinión sobre el acuerdo del Consejo de Ministros, interpretado por la oposición como una amenaza previa a la posible expropiación del polígono por parte de Defensa, si Navarra persiste en su decisión de integrar la zona en el Parque Natural de Bardenas para obstaculizar la permanencia de los usos militares en la zona, después de 50 años. Sin embargo, Sanz se negó a valorar el real decreto, para, a continuación, volver a culpar al propio Parlamento de la reacción ministerial e insistir en sus ya conocidos argumentos: UPN no quiere el polígono, pero Defensa no tiene alternativas y la responsabilidad política obliga al Gobierno navarro a negociar lo que denomina un nuevo "contrato de desmantelamiento" hasta que Madrid encuentre otro campo de prácticas.Sanz no convenció a ningún grupo. Juan José Lizarbe (PSN-PSOE) le respondió que esa negociación es una "vía viciada e inadecuada" que permitiría a Defensa perpetuar la actividad del polígono. Un argumento compartido por Juan Cruz Alli (CDN), quien matizó que la negociación sólo sería aceptable si fuera precedida por la cesión del dominio directo del suelo a Navarra por parte del Estado y se fijara un plazo para el desmantelamiento. Los portavoces de IU, EH, EA-PNV y Batzarre esgrimieron parecidos reproches a Sanz descalificando su falta de respuesta a la "prepotencia" del Gobierno del PP con Navarra.
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