El error Liaño

Tomar como asesores a un respetable grupo de Juanito Siseñor es una práctica habitual entre nuestros políticos cuando ocupan cargos de responsabilidad. Que se trata de una práctica de nefastas consecuencias para el Estado, y aun para la persona del asesorado, lo muestra paladinamente el caso del indulto del señor Gómez de Liaño. Vaya por delante que el acto de perdonar siempre me ha parecido, a más de noble, simpático. Eximir al prójimo del sufrimiento que acarrean las penas, aun cuando sólo se logre un alivio parcial, me parece intrínsecamente bueno. Pero no es de moral de lo que se trata, sino de política y Derecho. También aquí el perdón tiene su papel en el Estado de Derecho. Ciertamente, si en dicho Estado pudiéramos asegurar que las leyes son siempre justas y los tribunales jamás yerran, el perdón que el indulto supone no tendría cabida. Mas como ni el legislador ni el juez son omniscientes y omnipotentes, como no son de condición divina, ningún Estado de Derecho es inmune a la injusticia y el error. Y ese es el lugar del indulto.Cuando se trata de supuestos en los que están en juego intereses primariamente privados, como sucede en la mayor parte de las infracciones, el titular de la prerrogativa de gracia puede permitirse ejercerla primariamente según sus simpatías y convicciones, pero cuando se trata de infracciones en las que los intereses públicos ocupan el primer puesto, unas y otras deben ceder ante el bien público. Y eso exactamente es lo que sucede cuando se trata de infracciones cometidas por toda clase de servidores públicos, con mayor motivo si en lugar de funcionarios se trata de titulares de un poder del Estado, como es el caso, supuesto este último en el que la primacía del bien público es particularmente fuerte. Y en el que las posibles excepciones merecen lo que suele denominarse un escrutinio estricto. Resulta obvio que ese es precisamente el escenario donde se inserta el indulto del señor Gómez de Liaño.

No voy a entrar en el debate legal acerca de la pertinencia o no del retorno ex indulto del señor Gómez de Liaño a la carrera judicial, entre otras cosas porque el debate me parece insustancial: la privación definitiva del empleo es precisamente eso, definitiva, y lo es porque es privación, esto es supresión del título que habilita para el empleo, siendo eso lo que la separa de la suspensión. La inhabilitación no consiste en prohibir el desempeño de empleo o cargo durante equis tiempo (el de la duración de la condena) sino en la privación del empleo ex initio y la imposibilidad de volver a obtener título habilitante para ejercerlo de nuevo hasta que no transcurra el tiempo de condena. Si se indulta el Gobierno puede perdonar lo que es perdonable, esto es, lo que no se ha cumplido, porque, que yo sepa, el Ministerio de Justicia no tiene la máquina del tiempo del señor Wells, y no puede volvernos a todos, comprendido Liaño, al momento de la condena. Lo que puede hacer el indulto es suprimir la prohibición del período durante el cual el condenado está impedido de adquirir nuevo título al afecto de acceder al empleo a cuya privación definitiva fue condenado. Lo que, por cierto, no impide el retorno, aun inmediato, de Gómez de Liaño a la judicatura, para lo que al menos tres vías quedan expeditas.

Lo que me parece el mayor de los errores que se están cometiendo en este sucedido por parte del Gobierno no es que se intente habilitar a un juez por parte del Ejecutivo, facultad que corresponde en todo caso al CGPJ, con lo que incurre en un supuesto de invasión de la competencia de otro órgano constitucional. Ni que eso trate de hacerse privando al Tribunal Supremo de la facultad de apreciar la legalidad del indulto y sus condiciones. Ni siquiera que se haga eludiendo cuidadosamente en el Congreso el explicar el porqué del indulto, en lo que alguna parte de la responsabilidad corresponde a los diputados. Lo que me parece el peor de los errores es el ataque, sin duda involuntario, pero no por ello menos directo y evidente, al papel, imagen y condición del juez que la conducta del Gobierno y del ministro de Justicia comportan.

El núcleo esencial del papel de juez radica en ser un tercero, situado por encima de las partes de cualquier litigio, al efecto de obtener su imparcialidad. La independencia y la inamovilidad son instrumentos necesarios para alcanzar ese objetivo. La prevaricación es el peor de los delitos que puede cometer un juez, no porque la misma resulte dañosa para los intereses de los ciudadanos destinatarios de la resolución injusta, sino porque al destruir la imagen de imparcialidad atenta contra el elemento central de la definición del juez en el Estado de Derecho. Precisamente por eso el Código castiga ese delito con la "privación definitiva" del empleo o cargo de juez. El juez que prevarica atenta directamente contra el núcleo esencial de un poder del Estado: el Poder Judicial.

En ese escenario no parece que procurar el reingreso en la carrera de un juez condenado por el citado delito sea la mejor de las ideas. Por eso no es de extrañar que repugne tanto al sentido común como al ethos profesional de los jueces y magistrados. El mero hecho de plantear desde el Ejecutivo la posibilidad de reingreso en la carrera es por ello un error, el error Liaño en este caso. Lo sería aunque el Gobierno gozara del apoyo de la oposición, y aunque el reingreso fuere de una legalidad paladina y transparente. Pero no lo es. El Gobierno no cuenta con ningún apoyo externo a sí mismo y su clientela, la legalidad de su actuación es discutible y discutida -cuanto menos-, y para acabar de redondear la faena, pretende imponer una decisión cuando el decreto de indulto aún no ha sido publicado (y por ello no ha entrado en vigor), usurpando facultades que corresponden a los tribunales y al Consejo y planteándole un trágala al Supremo.

Vistas así las cosas queda claro que las esperanzas de cambio puestas en el señor Acebes difícilmente van a sobrevivir, y que su posición va a resultar seriamente debilitada en sus relaciones con la oposición, los jueces y el Consejo. Que en estas condiciones el ministro, evidentemente mal asesorado, tenga posibilidades razonables de sacar adelante el Pacto de Estado sobre la Justicia, en el tiempo corto al menos, se asemeja improbable. El Gobierno ha cometido un error que se llama Liaño.

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.