El rechazo de los populares a la norma convierte a Vizcaya en una 'isla' fiscal

Vizcaya marca la diferencia y sus contribuyentes salen perdiendo. Javier Urizarbarrena, diputado de Hacienda de Vizcaya, estaba ayer entre sorprendido y cabreado. Las Juntas vizcaínas rechazaron una norma foral fruto de un pacto en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), donde se reunen las diputaciones y el Gobierno, para adapatar los decretos liberalizadores de junio de 2000 del Gobierno central. El PP votó en contra de una norma que él mismo, a través de la Diputación de Álava, apoyó en el OCT y aprobó con la ayuda peneuvista en las Juntas alavesas. Frente a las acusaciones de falta de diálogo del PP, Urizarbarrena habló de acuerdo total con los populares y de una manifestación expresa de Carlos Olazabal, portavoz popular en las Juntas en Vizcaya, de apoyar las modificiaciones.

Urizarbarrena considera que la actuación del PP obedece a una voluntad de entorpecer el trabajo de las instituciones vascas. "Nunca pensé que se podía dar un comportamiento como éste en materias tan sensibles cuando las normas están acordadas y consensuadas", indicó.

La Diputación de Vizcaya quiere que las normas se aprueben con efectos retroactivos, aunque ya no tendrán la misma repercusión que si estuvieran ya vigentes, como en el resto de España. El martes, el Consejo de Gobierno vizcaíno aprobó los últimos cambios en el IRPF acordados por el OCT. Ahora la Diputación quiere enmendar esta norma para incluir las modificaciones ayer rechazadas. Como pronto, y si se aprueban sin problemas, no será antes del próximo mes de febrero.

En asuntos como la posibilidad de ampliación de las aportaciones a las EPSV, los vizcaínos ya no tienen la posibilidad de hacer sus cálculos antes de finales de este año de cara a la declaración del IRPF de 2000. Algo similar pasa con las plusvalías. Gran parte de las decisiones de venta se han tomado considerando un tipo del 18%, el previsto en la reforma, frente a un marginal máximo del 50% hoy en vigor.