Clinton deja a su sucesor la ejecución de un preso federal
Bill Clinton ha firmado un aplazamiento de al menos seis meses para la ejecución de Juan Raúl Garza, que la semana próxima iba a convertirse en el primer preso ejecutado en EE UU en los últimos 37 años por un delito federal. Clinton aplazó la ejecución para dar más tiempo al Departamento de Justicia a estudiar posibles disparidades raciales y geográficas en la aplicación de la pena capital por delitos federales.Clinton se lava las manos no sólo en este caso, sino también en la polémica sobre una posible moratoria para la pena de muerte en delitos federales. Será su sucesor el que se enfrente al dilema, pero no Clinton, que firmó varias penas capitales como gobernador de Arkansas. El presidente dijo que el aplazamiento no significa "que haya decidido no imponer la pena de muerte en este caso, en el que se cometieron crímenes horrendos". Garza está condenado por asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. El comunicado de Clinton concluye: "Y tampoco he decidido parar todas las ejecuciones en el sistema federal". Clinton asegura que "no hay margen para el error", por lo que la decisión sobre una moratoria debe tomarse después de que el Departamento de Justicia acabe su investigación.
Este organismo debe investigar la posible discriminación en la aplicación federal de la pena capital. De las 682 solicitudes de pena de muerte enviadas al Departamento de Justicia en los últimos cinco años, el 40% procede de sólo cinco jurisdicciones. Si este componente geográfico es perturbador, aún lo es más el racial: el 75% de los acusados para quienes los fiscales solicitan penas de muerte pertenecen a alguna minoría racial.
Además, la mayoría de las solicitudes de pena de muerte proceden de un pequeño grupo de fiscales, mientras que otros nunca han enviado al Departamento de Justicia ni una sola petición. Entre 1927 y 1963 se ejecutó a 32 personas, la última de ellas, Víctor Feguer, por el método de la horca. Desde entonces no ha habido ninguna ejecución por este tipo de delitos, a pesar de que el Gobierno ha pedido y conseguido condenas a muerte en múltiples casos.
