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El Instituto Carlos III recomendó en abril hacer un censo de posibles focos de infección en Alcoy

El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, cooperó con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat en la elaboración de un estudio epidemiológico sobre el brote de legionella detectado en Alcoy entre septiembre de 1999 y febrero de 2000 que afectó a 36 personas. El informe establece que el origen del brote es medioambiental y lo relaciona con las torres de refrigeración que proliferan en la localidad. Los técnicos recomendaron crear un registro de posibles focos de infección, apuntaron medidas de saneamiento y concluyeron: "Parece necesaria la existencia de una norma legislativa al respecto". Una recomendación que el Consell desoyó durante ocho meses hasta el pasado martes.

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El Centro de Salud Pública de Alcoy detectó un aumento de los casos de neumonía por legionella pneumophila notificados por el Hospital Virgen de los Lirios a partir de septiembre de 1999. Los técnicos acotaron un territorio y vincularon a un brote 36 casos registrados entre el 20 de septiembre de 1999 y el 27 de febrero de 2000. Todos ellos vecinos de Alcoy, salvo tres residentes en Cocentaina, Beniarrés y Fageca.Los servicios de epidemiología del centro de Salud de Alcoy y de la Consejería de Sanidad iniciaron una investigación, a la que se sumó el centro nacional de epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, la máxima autoridad del Estado en la materia.

El estudio detecta dos periodos de tiempo en los que se agregan el mayor número de casos, apunta que en ningún momento se registran más de tres casos por día y establece que "la distribución de casos sugiere una exposición continuada en el tiempo" a la bactería causante de la enfermedad. También sugiere que las agrupaciones temporales de casos pueden relacionarse con la incidencia del clima sobre la contaminación atmosférica.

También detectan que la inmensa mayoría de los afectados reside en la margen izquierda del río que atraviesa Alcoy. Más aún, identifican zonas del núcleo urbano donde la incidencia de la enfermedad es mayor.

Según el informe, la distribución por edades y sexos de los casos responde al patrón general de la enfermedad, lo mismo que los factores de riesgo asociados a los hábitos y ocupaciones de los afectados.

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Los técnicos relacionaron los casos detectados con posibles factores de riesgo como la frecuencia en el uso de la ducha; el uso de aire acondicionado; el uso de humidificadores o sus visitas a establecimientos públicos, pero no hallaron ningún patrón común. De modo que aventuraron como hipótesis "una epidemia de origen comunitario, por contaminación ambiental a partir de torres de refrigeración u otras instalaciones exteriores que produzcan aerosoles contaminantes".

Los técnicos municipales y de Medio Ambiente que cooperaron en la investigación habían determinado que el agua circulaba correctamente en toda la red de abastecimiento público con índices de cloración adecuados. Tampoco aislaron la bacteria a partir de muestras tomadas en fuentes públicas, depósitos, aljibes, pozos, piscinas o manantiales.

La hipótesis mediambiental cobró cuerpo. Para contrastarla, los técnicos entrevistaron a 34 de los afectados, codificaron sus lugares de residencia y trabajo y estudiaron sus paseos rutinarios.

Pero tropezaron con un problema. Identificar 160 empresas con posibilidad de contar con torres de refrigeración para sus procesos de producción, una labor que "se vio dificultada al carecer el Ayuntamiento de un registro de estas instalaciones".

El estudio se centró en la zona de riesgo. Fueron visitadas 23 industrias. Diez de ellas tenían torres de refrigeración. "Se recogieron muestras de la bandeja de refrigeración y del agua utilizada, que en muchos casos procedía de pozos propios, que carecían de sistemas de cloración". El centro nacional de microbiología aisló legionella pneumophila en cuatro de las muestras. Sin embargo, el tipo de bacteria no coincidía con la detectada en los análisis clínicos de los afectados.

El estudio concluye que la hipótesis de la exposición ambiental es correcta, pero reconoce que "no es posible confirmar cuál es la instalación implicada en el brote". Reitera que la inexistencia de un registro de instalaciones emisoras de aerosoles es un obstáculo "importante" y advierte que "la ausencia de mantenimiento en las instalaciones de riesgo que utilizan captaciones de agua propias podría llevar a la aparición de nuevos casos".

Por eso, los técnicos sugieren continuar la investigación ambiental "haciendo hincapié en la zona de riesgo definida", incluso "repetir las tomas de muestras en torres de refrigeración ya investigadas". Y recomiendan crear un registro de instalaciones generadoras de aerosoles; someterlas a limpieza y desinfección general y realizar controles microbiológicos periódicos de las mismas.

Conscientes de las dificultades que entraña aplicar tales medidas, cierran el informe con una frase tajante: "Parece necesario para garantizar el cumplimiento de este tipo de recomendaciones la existencia de una norma legislativa al respecto". El estudio cita como modelo la orden que dictó la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en 1998.

El Ayuntamiento de Alcoy y la Consejería de Medio Ambiente elaboraron un protocolo de acciones de prevención de la legionella que recoge todas las sugerencias de los técnicos. Pero el documento es una mera declaración de intenciones sin ningún valor legal. Tampoco lleva aparejadas posibles sanciones por su incumplimiento. Prueba de su inutilidad es que la Generalitat todavía estudia fotografías aéreas digitalizadas para localizar posibles focos de infección en Alcoy.

Sólo el decreto aprobado el martes, ocho meses después de la recepción del informe epidemiológico, puede garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de los expertos.

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