La Generalitat destina 50.000 millones en créditos para construir plantas de purines
El Gobierno catalán aprobó ayer destinar una línea de crédito de 50.000 millones de pesetas para construir, mediante la iniciativa privada, un total de 15 plantas de tratamiento de purines. El portavoz del Gobierno, Artur Mas, explicó que la construcción de las plantas será un objetivo "prioritario" después de que la Comisión Europea anunciara la apertura de un expediente sancionador contra la Generalitat por la contaminación que sufre el agua de la red pública de decenas de municipios del Empordà a causa de la concentración de granjas de cerdos.
Las quince plantas de tratamiento de purines se construiran en las zonas de Cataluña que tienen el suelo contaminado por el vertido excesivo de excrementos de cerdo (purines). Las plantas de tratamiento de estos residuos funcionan con gas natural y aprovechan el calor que se produce al desecar el purín para producir energía eléctrica por cogeneración. Cada planta consume cerca de 78 toneladas de gas cada día, lo que ha provocado el rechazo de estas instalaciones por parte de los colectivos ecologistas. Actualmente funcionan en Cataluña dos plantas de tratamiento de purines y otras cuatro se encuentran en construcción. La línea de crédito anunciada ayer por el Gobierno catalán no convence a Unió de Pagesos (UP) , sindicato que considera que la medida puede generar desigualdades dentro del sector ganadero. "Si las nuevas plantas sirven para ampliar las granjas de sus alrededores, el proyecto no nos interesa" afirmó ayer el responsable del sector porcino de UP, Josep Puigpelat.
Los ganaderos y los ecologistas tampoco están de acuerdo con la moratoria a la construcción de granjas anunciada por el consejero de Medio Ambiente, Felip Puig. Los primeros creen que la prohibición de construir nuevas granjas perjudicará al reducido grupo de pequeños propietarios que aún resisten el embate de las multinacionales del sector.
El coordinador de la patronal Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), David Coll, denuncia que la moratoria "impedirá la supervivencia de muchas explotaciones. Si las pequeñas granjas no puede crecer, tendrán que cerrar", advirtió. Unió de Pagesos (UP) tampoco cree que la moratoria sea la solución. "Falta un plan de gestión de granjas que permita saber exactamente los lugares donde sobra purín", afirmó ayer Josep Puigpelat. Los ecologistas, por su parte, consideran que la moratoria "llega tarde y se tendría que hacer extensiva a todo el territorio catalán, no sólo a las zonas vulnerables", pide en un comunicado el Grupo de Defensa del Ter.
Planta de fangos del Besòs
Por otra parte, el Gobierno catalán aprobó ayer la construcción de la mayor planta de España de tratamiento de fangos. La planta, construida por la empresa pública Saensa, costará 7.166 millones y se construirá en el municipio de Barcelona, junto al río Besòs.
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