De la solidaridad a la justicia territorial
Pasión o razones? Es indudable que cualquier debate sobre asuntos que traten sobre el agua corre el riesgo de verse influido por un grado de apasionamiento público que tiene más que ver con la singular consideración del agua como elemento cultural ancestral que con el sosegado contraste de opiniones y pareceres. Así sucede ahora con el Plan Hidro1ógico Nacional (PHN), cuyo debate parece estar también cruzado por elementos de opinión que no se sustentan fácilmente en razonamientos objetivos y técnicos.Por ese particular carácter del agua y los esquemas sociológicos asociados al mismo, es posible comprender, que no compartir, las reticencias que se expresan en relación al PHN. Sorprende que desde algunos sectores de opinión se están difundiendo unos tópicos y unos lugares comunes que, entre otras cosas, dibujan una situación de la Región de Murcia verdaderamente irreconocible para quienes, como las personas y los agentes sociales que constituyen el Consejo Económico y Social, conocen en detalle la realidad de los parámetros socioeconómicos y territoriales que configuran nuestra tierra, declarada "objetivo 1" por la Unión Europea por su bajo PIB por habitante y alta tasa de paro. Así, por ejemplo, las opiniones que afirman que los nuevos recursos hídricos que con el PHN puedan llegar a la cuenca del Segura servirán para disparar la demanda de agua a través de la extensión de los regadíos, desconocen que tanto las disposiciones del Plan Nacional de Regadíos, como las del Plan Hidrológico de Cuenca y las del propio PHN, prohíben taxativamente dicha tendencia. Muy al contrario, el aumento de la oferta disponible para la cuenca del Segura debe considerarse una necesidad urgente destinada exclusivamente a corregir las fuertes infradotaciones y estrangulamientos hídricos, de forma que no se destruyan los regadíos existentes en la cuenca y sin contemplar en ningún caso aumento de su superficie.
Igualmente, en Alicante, Almería, Murcia o Valencia, por ejemplo, se sabe que las nuevas aportaciones de recursos hídricos, frente al tópico especulativo de tipo turístico con que en ocasiones se asocia el problema, se han de destinar a solucionar prioritariamente las dificultades de un sector agrícola altamente competitivo que tiene actualmente gravemente hipotecado su futuro y hasta su presente, dado el profundo desequilibrio existente en el contexto de una situación perfectamente diagnosticada y aceptada unánimemente de déficit estructural. Así, bastaría citar que las previsiones del PHN en cuanto a los destinos de los nuevos recursos fijan un incremento muy moderado de los usos para abastecimientos urbano-industriales, del orden del 20%, siendo el 80% restante destinados sólo a garantizar la dotación de los existentes regadíos y, sobre todo, a la eliminación de la sobreexplotación de los acuíferos.
Es comprensible la preocupación ambiental por la obra pública que lleva consigo el PHN. Sensible a ella, el anteproyecto de Ley del PHN obliga a someter a evaluación de impacto ambiental las trasferencias de recursos hídricos, y por ello se debe tranquilizar a la opinión pública, ya que se protegerá el entorno natural a través de los estudios y evaluaciones que deban hacerse en toda política del agua, que tendrán que ser, y así lo aconsejo, profundos, objetivos y rigurosos. Con la transferencia de recursos hídricos también se contribuirá a solucionar el enorme problema de contaminación de las aguas superficiales, que se agrava debido a la extrema dificultad de contar con un mínimo caudal ecológico consecuencia de la falta de lluvia.
Con base en los diversos y documentados estudios técnicos realizados sobre los recursos hídricos, parecería ya innecesario insistir en las necesidades objetivas de la Región de Murcia, que se enfrenta a una difícil situación, tanto hidrológica como socioeconómica, que requiere, más allá de las llamadas a la solidaridad, un enfoque de justicia interterritorial. La satisfacción de las necesidades hídricas de los territorios de Levante depende, sin ninguna duda, de la aportación de nuevos recursos externos, en el convencimiento de que las legítimas aspiraciones de las Cuencas de origen son perfectamente asumibles a través de políticas de compensaciones y precios del agua que consigan que la redistribución territorial de los recursos hídricos -en volúmenes que en cualquier caso son moderados- contribuyan por igual al desarrollo de las cuencas de origen y destino, contribuyendo así al aumento de la total riqueza nacional. Por otro lado, también es preciso garantizar el mantenimiento del actual esquema de trasferencias desde la cuenca del Tajo hacia la cuenca del Segura. En este sentido, el borrador actual del PHN contiene un aspecto francamente preocupante cuando en su disposición transitoria segunda parece condicionar el funcionamiento del trasvase a las determinaciones del Plan de Cuenca del Tajo, lo que no es garantía para el mantenimiento de los derechos de la cuenca del Segura, que son los tenidos en cuenta a la hora de cuantificar su déficit estructural por el borrador del PHN; de otra forma, resultarían perjudicados salvo que se contemplen otras alternativas.
Con el necesario debate técnico y político, pero desapasionado, se podrán superar los escenarios de opinión en los que prevalece la óptica puramente regional o partidista, generadora de tensiones interregionales, para adoptar una visión integral del problema tanto en España como en la cuenca del Segura.
Antonio Reverte Navarro es catedrático de Derecho Civil y presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
