Los institutos piden una partida extra para costear la subida del gasóleo

La comisión de portavoces de directores de instituto ha remitido un escrito a la Consejería de Educación en la que se pide con carácter "urgente" una partida extra para afrontar la subida de combustible. "En caso contrario", dicen, "la mayoría de los centros de secundaria deberán cerrar los próximos días ante la imposibilidad material de encender la calefacción". Pero el verse con el agua al cuello no se debe únicamente a que el precio de un litro de gasóleo, que costaba menos de 60 pesetas a principios de año, supere ya las 90 pesetas, sino también a que los centros de enseñanza no han recibido aún el dinero que les debe la Consejería por las obras que realizaron en verano para la implantación y el equipamiento de nuevos ciclos de formación profesional."Lo hemos comprobado y ningún instituto tiene su cuenta a cero", explica el viceconsejero de Educación, Juan Carlos Doadrio, quien añadió que el pasado 24 de noviembre aprobó una partida extra de 100 millones para compensar la subida del gasóleo, así como 619 millones adicionales para obras en los institutos. Pero, aunque se haya dado la orden, la Tesorería de la Consejería de Hacienda no ha librado el dinero. De hecho, según Doadrio, el pasado 20 de octubre su consejería también ordenó pagar las cantidades que reclaman los institutos para formación profesional (entre dos y tres millones dependiendo del centro) y el dinero aún no han llegado a las cuentas de los centros. Doadrio achaca la tardanza a la "política financiera".

"No dudamos de la buena voluntad de la Consejería", ironizó un miembro de la comisión de directores. "El problema es que los órganos de gobierno no terminan de asumir que las transferencias implican cambios en el modo de funcionamiento y no pueden gestionar igual un par de guarderías y de centros para adultos que lo que tienen ahora". Por ello, solicitan que se les dé respuesta a los problemas por escrito y amenazan con convocar una asamblea de directores en enero, algo que sólo ha ocurrido una vez antes de las transferencias. En aquella ocasión, la asamblea reclamó la dimisión del entonces director provincial y ahora jefe de la inspección, José Antonio Palacios.