El Parlament acuerda sancionar al PSC por excederse en los gastos electorales
El Parlament dio ayer un primer paso para sancionar al Partit dels Socialistes (PSC) por haber sobrepasado en casi 200 millones de pesetas el límite legal de sus gastos electorales en los comicios autonómicos de octubre de 1999. No obstante, la multa está pendiente de que la Sindicatura de Cuentas -organismo fiscalizador de la Administración catalana- realice una ampliación de su informe sobre los gastos de todas las formaciones políticas en esas elecciones. Pero sobre todo deberá dictaminar si es o no competente en materia sancionadora.
Los partidos del arco parlamentario se enzarzaron ayer en una agria discusión sobre si la Sindicatura de Cuentas tiene o no potestad para fijar penalizaciones y, por tanto, reducir las subvenciones electorales a las formaciones políticas que se han extralimitado en sus gastos. Convergència i Unió, el Partido Popular y Esquerra Republicana entienden que sí, basándose en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.Por tanto, votaron a favor de la resolución presentada por los independentistas. En cambio, el PSC e Iniciativa per Catalunya-Verds niegan a la sindicatura esta facultad, ya que Cataluña carece de una ley electoral propia, pese a estar reconocida en el Estatuto. Además la pasada semana, en su comparecencia ante el Parlament, Ferran Termes, el síndico mayor, ya se refirió a que el organismo que preside no puede fijar medidas penalizadoras por esta misma razón. No obstante, el PSC se abstuvo en la votación como reconocimiento, según manifestó el parlamentario Martí Carnicer, de que el partido se excedió en los gastos y de que hará frente a las posibles sanciones que se le impongan. IC-V también optó por abstenerse.
Para dar mayor credibilidad y transparencia al informe de la sindicatura, los partidos aprobaron por unanimidad solicitar una ampliación que incluya los créditos concedidos a las formaciones políticas en las anteriores elecciones y las facturas por un importe superior a un millón de pesetas de las empresas que prestaron servicios externos a los partidos. El bloque formado por CiU y el PP rechazó cada una de las resoluciones de la izquierda que proponían la elaboración urgente de una ley electoral catalana y que la Sindicatura de Cuentas evaluara si los gastos declarados de cada formación "se corresponden con la medida objetiva de los medios utilizados". Los socialistas creen que las declaraciones proporcionadas por los partidos a la sindicatura contienen algunas paradojas, por ejemplo que Esquerra Republicana y el Partido Popular declarasen más gastos en publicidad directa (buzoneo y pancartas) que Convergència i Unió.
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