El juicio del 'caso Intelhorce' llega a su fase de conclusiones definitivas
Después de más de dos años de sesiones, el juicio por las presuntas irregularidades en la privatización de Intelhorce en 1989 y la posterior gestión de Giovanni Orefici hasta 1992, entra en su fase definitiva.Ayer concluyeron las sesiones de ratificación de pruebas y el tribunal decidió suspender las sesiones hasta el próximo día 18 de diciembre para que la Fiscalía y las distintas partes acusadoras preparen sus conclusiones definitivas. Fuentes de la acusación ya advirtieron de que no se esperan modificaciones sustanciales en sus peticiones.
De esta forma, el 18 de diciembre se entrará en la fase definitiva de la vista oral más larga celebrada nunca en la Audiencia Provincial de Málaga y que ha despertado mucha menos expectación que el periodo de instrucción, que tuvo una gran repercusión en la ciudad por el carácter emblemático de la factoría y por el elevado número de imputados y los delitos que inicialmente se le atribuyeron.
El juicio comenzó el pasado 28 de octubre y desde el primer día conoció una carrera de alegaciones y recursos que obligaron a sucesivas suspensiones temporales. En aquel entonces había 41 personas imputadas, pero la estrategia de algunas de las acusaciones, la prescripción de algunos delitos, y las reformas del Código Penal, han dejado en el banquillo de los acusados sólo a 18 personas.
En octubre de 1999, un año después de iniciarse, el proceso quedó suspendido por la jubilación del presidente del tribunal, Miguel García López, a quien el Consejo General el Poder Judicial negó un permiso especial para continuar juzgando el caso.
El juicio tuvo que comenzar desde el principio el pasado enero con un nuevo tribunal. Precisamente en octubre se cumplieron seis años desde que comenzó la instrucción del caso en el juzgado número 11 de Málaga, donde se acumularon sendas denuncias puestas por la UGT y por la Dirección General del Patrimonio del Estado que en 1992 volvió a hacerse cargo de la factoría.
Intelhorce fue liquidada a finales de 1996 y en marzo de 1997 comenzó a funcionar Hitemsa, sociedad constituida por un grupo de ex trabajadores, la Junta y el Ayuntamiento de Málaga para explotar los activos industriales de la fábrica. Su camino ha sido tortuoso y la empresa no ha conseguido aún alcanzar los niveles de rentabilidad deseados.
