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Editorial:

Diálogo contra ETA

En Barcelona, tras el asesinato de Ernest Lluch, cientos de miles de manifestantes pidieron diálogo entre los políticos para hacer frente al terrorismo de ETA. Es una reacción cívica que contrasta con otras también suscitadas por la ansiedad ante el terrorismo, como la de reclamar la pena de muerte. La reacción barcelonesa contiene un reproche espontáneo, no muy articulado, hacia los políticos: que no hacen todo lo que podrían por recomponer la unidad democrática contra los terroristas.Ambas cosas, el descontento difuso que esa petición expresa y la forma civilizada de hacerlo, son datos de la realidad social que los políticos deberían tomar en cuenta y tratar de interpretar. Reclamar diálogo, sin mayores precisiones, es algo que pueden hacer tanto los seguidores de ETA, que acusan de inmovilismo a cuantos no se someten a sus exigencias, como muchas de sus víctimas. Luego conviene precisar de qué se está hablando: diálogo entre quién y sobre qué.

Por mucho que se quiera retorcer la intervención de la periodista Gemma Nierga al finalizar la lectura del comunicado de Barcelona, sus palabras estaban dirigidas casi nominalmente a los líderes políticos que encabezaban la manifestación: "Ustedes que pueden, dialoguen". Con ello no hacía otra cosa que prestar su voz al sentir mayoritario de los manifestantes. El propio asesinato de Lluch puede refutar la hipótesis de que el diálogo sea siempre posible e incluso conveniente. Pero casi nadie pone en duda que esa defensa del diálogo fue lo que le puso en el punto de mira de ETA. La organización terrorista abomina de quienes hacen del diálogo entre los diferentes un método de hacer política. Precisamente por eso, si el mensaje que los manifestantes dirigían a los políticos presentes era que debían dialogar entre ellos y contra ETA, la demanda tiene sentido.

Conviene en todo caso precisar algunos puntos. Dialogar no siempre significa pactar, y menos hacerlo a cualquier precio. Fue el PNV el que rompió el consenso democrático frente al terrorismo al pactar por su cuenta con ETA en condiciones que equivalían a que los no nacionalistas pagaran el precio de una paz eventual. Eso nada tiene que ver con la democracia, y mientras no rectifiquen será imposible el acuerdo. Pero el PNV es un partido de trayectoria y electorado democráticos, lo que en manera alguna puede decirse del brazo político de ETA. No sería justo (ni inteligente) tratar al PNV como a HB; merece ser escuchado y respondido, aunque sólo sea para decirle que desde Lizarra su política es incompatible con los principios democráticos.

Una cosa es no dialogar con el PNV y otra convertir esa actitud en algo indiscutible que se mide bajo patrones de lealtad-traición. La invocación de los principios constitucionales tiene sentido para oponerse a algunas exigencias del nacionalismo democrático, pero no para rechazar cualquier contacto. Un rasgo esencial, tal vez el más característico, de la actual Constitución es la voluntad expresa de integración de los nacionalismos. Luego es la propia lógica constitucional la que exige un diálogo orientado a la recuperación para el consenso democrático del PNV (y EA). Sobre la base de lo que es claramente compartido, el rechazo a la violencia, y lo que debería serlo sin grandes dificultades: el respeto a las reglas democráticas. A los nacionalistas no cabe exigirles que se hagan constitucionalistas, pero sí que acaten las reglas que definen el marco de juego constitucional y estatutario. Es falaz equiparar la exigencia de respeto a ese marco y reglas comunes con la pretensión nacionalista de que los demás asuman su propio programa soberanista -ámbito vasco de decisión- como condición para que el diálogo sea democrático.

Diálogo entre los demócratas también significa intentar mantener las relaciones entre las instituciones a resguardo de las diferencias entre partidos. La conflictividad entre los nacionalistas y el poder central no ha impedido durante años la colaboración entre los Gobiernos de Madrid y Vitoria, lo que tenía un efecto tranquilizador sobre la opinión pública. Ese entendimiento ha desaparecido, aunque el reciente acuerdo entre la Ertzaintza y el Ministerio del Interior para compartir las funciones de escolta demuestra que no del todo.

El diálogo entre partidos afecta, finalmente, a las relaciones entre el Gobierno y la oposición. Si el problema del terrorismo es el principal de la democracia española, los dos primeros partidos, que representan a más de tres cuartas partes de los votantes, están obligados a hacer un esfuerzo especialísimo por no discrepar en lo fundamental. En lugar de eso, Aznar ha convertido el problema terrorista, y por extensión el problema vasco, en un desafío casi personal, y cada una de sus decisiones a este respecto, en dogma de fe democrática.Basta repasar someramente la trayectoria del PP en la oposición para concluir que ningún presidente contó con una colaboración tan de fondo como Aznar en la política antiterrorista. Lo que no le impide al Gobierno descalificar una vez tras otra, a veces en términos tan peyorativos como los empleados recientemente por el vicepresidente Rajoy, cualquier iniciativa del PSOE que se salga de su guión. Esto no sólo irrita a los dirigentes socialistas, sino también a muchos ciudadanos. Es difícil de comprender que el presidente del Gobierno no se reúna con el jefe de la oposición más que con ocasión de funerales y manifestaciones por los asesinatos de ETA.

El desencuentro PP-PSOE tiene que ver sobre todo con la alternancia política en Euskadi. El PP sostiene que la rectificación nacionalista requiere enviar al PNV a la oposición. Y argumenta que ha llegado el momento de acabar con el mito de la imprescindibilidad del PNV. Es probable que así sea, y desde luego es positivo que la alternancia en el País Vasco sea hoy una hipótesis plausible. Pero jugar todo a esa baza implica meterse en un callejón sin salida si los resultados electorales no permiten conformar una mayoría PP-PSE. Los dirigentes del socialismo vasco no respaldarían hoy un Gobierno de coalición con el PNV bajo condiciones subalternas como las que se produjeron en el pasado, pero no es lógico ni prudente exigirles de antemano que renuncien a intentar un acuerdo con el PNV sobre la base del Estatuto de Gernika si las urnas no permiten otras opciones. Dialogar con el PNV no significa ceder a sus exigencias. Puede y debe ser una vía para favorecer su retorno al consenso estatutario y a la lucha contra el terrorismo. Es injusto considerar que esto sea un acto de tibieza o deslealtad en la defensa de la Constitución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de noviembre de 2000