Mal andamos

El ejercicio del derecho de manifestación no es el único indicador con el que medir la temperatura del cuerpo político, pero sí es uno de los más expresivos. Se trata de un derecho importantísimo, en la medida en que a través del mismo pueden expresarse y hacer oír su voz la inmensa mayoría de los ciudadanos que no ocupan posiciones de poder en la sociedad o en el Estado y que, precisamente por ello, solamente pueden hacerse oír de esta manera. El derecho de manifestación es el altavoz o el amplificador de la libertad de expresión del ciudadano normal y corriente, del que no dispone de tribunas institucionalizadas para hacerse oír y sólo puede recurrir a la calle y al número de personas que simultáneamente coinciden en la expresión de una determinada idea para poder influir en la formación de la opinión pública y contar por esta vía en la toma de decisiones.Ahora bien, el que sea un derecho importantísimo no quiere decir que sea un derecho de ejercicio frecuente. Al contrario. Por lo general, en una sociedad políticamente normalizada, el ejercicio del derecho o no es frecuente o no tiene alcance general, sino que se circunscribe a reivindicaciones parciales, sectorial o territorialmente. El proceso institucionalizado de formación de la opinión pública suele ser lo suficientemente satisfactorio como para que los ciudadanos no tengan que salir a la calle para tener que influir en él, esto es, para corregirlo. Cuando esto no ocurre, es decir, cuando se hace uso del mismo con frecuencia o cuando se hace con alcance general, es que hay algo que no funciona bien en el sistema político.

Quiere decirse, pues, que cuando los agricultores se manifiestan contra la escalada del precio del gasóleo o cuando los delegados sindicales se concentran en Madrid para protestar contra la subida de los salarios en la función pública por debajo del IPC, nos encontramos ante un ejercicio del derecho de manifestación que no es indicador de ninguna patología en el sistema político. Es un ejercicio normal del derecho, con el que se intenta llamar la atención de la opinión pública con la finalidad de conseguir que el Gobierno atienda determinadas reivindicaciones.

Por el contrario, cuando los ciudadanos son convocados a manifestarse en Madrid o Barcelona y al frente de la manifestación se sitúa el presidente del Gobierno, es que algo funciona francamente mal. El presidente del Gobierno tiene que ser el destinatario último del ejercicio ciudadano del derecho de manifestación y no el primer ciudadano en ejercerlo. No hemos elegido al presidente del Gobierno para que presida manifestaciones contra el terrorismo o contra lo que sea, sino para que adopte las medidas necesarias para darle respuesta al terrorismo o a lo que sea. La presencia del Gobierno al frente de una manifestación no sólo no la potencia, sino que la devalúa.

Y no sólo eso, sino que pervierte en cierta medida el sentido del ejercicio del derecho. Basta para comprobarlo la reacción a las palabras de Gemma Nierga al final de la lectura del comunicado tras la manifestación de Barcelona por la muerte de Ernest Lluch. Dicho colofón de Gemma Nierga es lo único coherente con el sentido que tiene el ejercicio del derecho de manifestación en el Estado constitucional. Si el derecho tiene como finalidad que los ciudadanos sin voz se hagan oír, está claro que Gemma Nierga se limitó a ser altavoz de la reclamación ciudadana. Con su gesto hizo llegar la voz de los manifestantes a toda la sociedad y a quienes presidían la manifestación, que no debían de haberla presidido, sino que tenían que haber sido los destinatarios de la misma.

Lo que no es coherente con el ejercicio del derecho de manifestación es un comunicado "consensuado" entre los Gobiernos central y autonómico y entre las direcciones de los partidos. No era el colofón de Gemma Nierga al comunicado consensuado el que no respondía al derecho ejercitado por los ciudadanos, sino todo lo contrario. El colofón fue lo que hizo que el comunicado no se quedara cojo y reflejara realmente el sentir de los ciudadanos que se habían manifestado. Lo que no es coherente con el ejercicio del derecho es el enfado gubernamental. Que el presidente del Gobierno lea, el día después de la manifestación, un comunicado que está en las antípodas de la opinión expresada por el millón de manifestantes, a la cabeza de los cuales él se situó, es un disparate de los que no existen precedentes. Habría tenido legitimidad para leer ese comunicado si no hubiera presidido la manifestación, pero no habiéndola presidido. El ventajismo no entra dentro de las prerrogativas de la presidencia del Gobierno.

Mal andamos, pues. Y es posible que vayamos a peor. El Subdelegado del Gobierno en Cádiz ha llamado la atención sobre el hecho, también sin precedentes hasta la fecha, de que un Gobierno autónomo participara en una manifestación en el territorio bajo su jurisdicción, como lo hizo el Gobierno andaluz ayer en la manifestación convocada en el Campo de Gibraltar para reclamar el traslado del Tireless a Inglaterra. Y algo de razón tiene. Un Gobierno no debe estar presente en manifestaciones. Dispone de otras vías para hacerse oír tanto por los ciudadanos como por el Gobierno de la nación.

Y sin embargo, allí estuvo. Y me temo que con la aprobación mayoritaria de los ciudadanos, especialmente los de la zona, legítimamente preocupados por la permanencia del submarino nuclear en Gibraltar. La manera en que el Gobierno español se ha enfrentado y se sigue enfrentando con el problema está siendo tan caótica y tan opaca que propicia respuestas de cualquier tipo, como ésta, que, no obstante, hubiera sido mejor que no se hubiera producido. La cabeza hay que mantenerla fría y la corrección institucional no se debe perder nunca.

La semana pasada alertaba sobre el deterioro que se está produciendo en el funcionamiento del Estado de las Autonomías y mencionaba el caso del Tireles. Esta semana, con la presencia del Gobierno andaluz en la mencionada manifestación, se ha dado un paso más en dicho deterioro. Esperemos que no vaya a más, aunque me temo que no va a ser así.