Una ley recortada

El Gobierno del PP sacó adelante ayer en el Congreso su Ley de Extranjería con el apoyo de CiU y Coalición Canaria y los votos en contra del PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto. El acercamiento sustancial entre el PP y el PSOE en varios puntos de la ley no ha resistido la disparidad de criterios de ambos partidos en el asunto central del reconocimiento de los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga a los inmigrantes en situación irregular. Los socialistas consideran que tales derechos son inherentes a la persona y previos a cualquier estatus legal y administrativo, según establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la jurisprudencia constitucional más solvente. El partido del Gobierno mantiene que se trata de derechos de configuración legal, cuyo ejercicio depende de la obtención, en este caso, del permiso de residencia o trabajo. Incluso los aliados parlamentarios del PP -CiU y Coalición Canaria- juzgan errada la posición del PP en este punto y no renuncian a convencerle de que dé marcha atrás en el Senado.Hay que desear éxito a CiU y a Coalición Canaria. Podría retomarse el camino del consenso en un asunto que afecta al Estado y que, por tanto, exige la mayor legitimación posible de la norma que lo regula. Esta norma no puede tener en contra al partido del Gobierno, como ha sucedido con la todavía vigente Ley de Extranjería. Pero tampoco al principal partido de la oposición, que puede ser Gobierno mañana. Sería además frustrante que, tras el esfuerzo de aproximación llevado a cabo por el PP y el PSOE -el primero renunciando a sus posiciones más extremas y el segundo no presentando una enmienda de totalidad al proyecto-, la nueva ley naciera amputada del apoyo de una parte importante del Parlamento.

Tienen razón, no sólo el PSOE, sino CiU y Coalición Canaria, al calificar de maximalista la postura del PP en el tema de los derechos de los inmigrantes irregulares. Choca que esta postura se mantenga a rajatabla después de que la Comisión de Bruselas haya entonado un mea culpa por la política europea de inmigración, basada en la errónea creencia de que unas leyes restrictivas frenarían los flujos clandestinos. La denegacion de derechos a los inmigrantes irregulares no impedirá su llegada a España; hará su vida más penosa, obligándoles a una clandestinidad no sólo administrativa, sino personal, que facilitará su explotación laboral, empujará a no pocos a la delincuencia y hará prácticamente inalcanzable a casi todos esa regulación que la ley ofrece tras una larga espera de cinco años. Todavía queda tiempo para que el PP recapacite en el Senado su posición restrictiva en cuanto a derechos y facilite el consenso final de una ley que ya lo tiene en una buena parte de su contenido.