El Congreso y la Cámara de Castilla-León evitaron la suspensión en casos similares

Una decena de sindicalistas de la Federación de Servicios Públicos de UGT provocó ayer la suspensión del pleno de las Cortes al desplegar unas pancartas desde la tribuna de invitados. "Una actuación sin precedentes", repetían los diputados populares.Los más viejos del lugar, sin embargo, todavía recuerdan la protesta de un grupo de apicultores vinculados a la Unió de Llauradors que también desplegaron unas pancartas desde la tribuna de invitados a principios de los años noventa. Fueron desalojados y el pleno siguió sin mayor alboroto.

El Congreso de los Diputados vivió una escena similar hace apenas una semana. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, explicaba los pormenores del proyecto de Presupuestos del Estado cuando unos sindicalistas vinculados a UGT desplegaron unas pancartas relativas, también, a la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios durante los últimos años.

Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Congreso, esperó a que el ministro terminara su exposición, solicitó la expulsión de los sindicalistas y siguió el orden del día de la sesión sin mayores alharacas.

El inteto de asalto de las Cortes de Castilla y León durante el debate de los presupuestos autonómicos hace una semana tuvo repercusión nacional. Una decena de sindicalistas, en este caso vinculados a CCOO, fueron desalojados de la tribuna para público por agentes antidistubios de la Guardia Civil. Los agentes también tuvieron que emplearse a las puertas del Parlamento, para evitar la invasión de las Cortes por parte de los cerca de 2.000 sindicalistas concentrados ante el Castillo de Fuensaldaña.

El desalojo de los sindicalistas fue seguido del abandono de los diputados socialistas y de Izquierda Unida, pero la sesión no se suspendió. Los procuradores del PP, en solitario, reanudaron el pleno; consintieron que decayeran las enmiendas de la oposición; y salvaron el primer escollo en el trámite parlamentario de los presupuestos sin mayor problema. Ahora bien, el Grupo del PP encomendó un informe a los letrados de la Cámara con intención de trasladarlo al fiscal en caso de que el proceder de los sindicalistas fuera constitutivo de delito.