¿Salarios públicos a la baja?

.En relación con la propuesta del Gobierno de subida salarial para los funcionarios igual a la tasa de inflación prevista del 2% en el año 2001, cabe plantear las siguientes preguntas:

1. Con esta propuesta, ¿cuál sería la disminución real de los salarios de los funcionarios acumulada durante el bienio 2000- 2001? Las tasas de inflación, calculadas como las medias de los aumentos mensuales del IPC, estarán alrededor del 3,5% en el 2000 y del 3% en el 2001. Por tanto, la disminución de los salarios reales acumulada podría estar alrededor del 2,5%. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta dos elementos por los que la pérdida de poder adquisitivo de algunos colectivos de funcionarios será inferior. En primer lugar, en algunos ámbitos de las administraciones públicas se está produciendo una reducción de la jornada laboral como resultado de la aplicación de la jornada de 35 horas. En segundo lugar, los salarios de los funcionarios incluyen complementos retributivos tales como trienios de antigüedad (cada vez menos frecuentes en el sector privado), subidas salariales por promociones automáticas (independientes de los méritos o como resultado de transferencias entre los ámbitos central y regionales de las administraciones públicas) y complementos por productividad discrecionales, que suponen casi el 20% del salario bruto total medio. La falta de transparencia con la que se producen las subidas de estos complementos retributivos y la ausencia de una base de datos adecuada impiden conocer con exactitud la verdadera variación de los salarios de los funcionarios. En cualquier caso, la reducción de los salarios reales será mayor en los niveles inferiores, por su menor acceso a complementos retributivos especiales, y se convertirá incluso en una ganancia real en algunos niveles superiores.

2. ¿Cuánto deberían subir los salarios? Las desviaciones de la inflación sobre la prevista se deben, en parte, a un aumento transitorio de los precios del petróleo. Ante esta perturbación, una subida de los salarios o de los beneficios empresariales que trate de evitar la pérdida de poder adquisitivo genera una espiral de precios-salarios que produce una pérdida de competitividad y una disminución del empleo. En el caso del sector público, las consideraciones fundamentales a tener en cuenta son la influencia de los salarios públicos sobre los del sector privado y la situación de las cuentas públicas, que no es tan boyante como dice el Gobierno. Tras años de insuficiente rigor presupuestario parece haberse alcanzado el déficit cero. Sin embargo, esta aparente situación de equilibrio fiscal es ficticia, dada la situación cíclica de la economía y los aumentos del gasto social que habrán de producirse en el medio plazo como consecuencia del envejecimiento de la población. Además, este logro está basado en medidas tales como la fijación de un objetivo de inflación poco creíble, que perjudica especialmente a las capas de la población de menor nivel de renta, y en el aumento de la imposición directa, implícito en la no deflactación de las tarifas del IRPF, que el Gobierno criticaba cuando estaba en la oposición.

3. ¿Son los salarios de los funcionarios más elevados que los del sector privado? A pesar de las congelaciones salariales y de las subidas salariales por debajo de la tasa de inflación, los salarios del sector público siguen estando por encima de los del sector privado, aunque sólo en promedio. Los datos disponibles sobre ingresos familiares indican que, si bien el salario por hora de las mujeres con estudios universitarios y de los individuos de bajo nivel educativo empleados como funcionarios es aproximadamente un 10% más elevado en las administraciones públicas, el de los varones con estudios universitarios es alrededor de un 15% más elevado en el sector privado. La menor dispersión de la estructura salarial es una de las características de las relaciones laborales en el ámbito de las administraciones públicas que resultan perjudiciales para una gestión eficaz de los recursos humanos en dicho ámbito. Ante este problema, los empleadores públicos están recurriendo con mayor frecuencia a la contratación temporal. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, hace veinte años, Gobiernos de uno y otro signo han señalado la necesidad de reformar la regulación del mercado de trabajo, pero ninguno se ha atrevido a abordar una reforma del funcionamiento de las administraciones públicas que es, si cabe, todavía más urgente que la reforma laboral.

Juan Francisco Jimeno Serrano es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Alcalá e investigador de FEDEA